La desvinculación del concepto “salario mínimo” a 148 ordenamientos legales en el país no generaría un impacto económico, revela un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
A través de un análisis entregado a la Cámara de Diputados, del que 24 HORAS tiene una copia, ambas instituciones académicas manifestaron que el propósito del documento es “liberar al salario mínimo de sus funciones como precio de referencia y, por otro lado, producir la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano (UCEM), para que este concepto sustituya las funciones a las que se ha obligado al salario mínimo”.
El análisis técnico y jurídico, hecho a petición de los legisladores federales, identificó, además, aquellos artículos a los que el término debe ser reindexado y aquellos artículos en los que el término “salario mínimo” sea una referencia y no tenga un impacto económico como tal, marcando un total de 148 ordenamientos y más de 800 artículos.
De la iniciativa de reforma analizada se sugirió realizar cambios a la redacción del texto para cambiar el término de “Unidades de Referencia” por “Unidades Cuenta”, así como ajustar lo que se refiere a términos como “vigente”, “elevado al año” y “mensual”.
“Se desprende que existe el término Unidad de Cuenta y Unidad de Cuenta Mensual, creemos que es necesario que contemos con la definición exacta o precisa de Unidad de Cuenta, a efecto de poder clarificar el criterio para la modificación de los textos”, argumentaron las instituciones en su análisis.
También señalan que la propuesta debe eliminar el término “vigente”. “En el documento hemos marcado los artículos que de alguna forma pierden el sentido o generan duda por no coincidir o ajustarse al simple término de Unidad de Cuenta”.
Necesidades básicas
Tanto la UNAM como el CIDE reconocen, a partir del proyecto de la iniciativa, que el artículo 123 constitucional debería garantizar un salario para satisfacer las necesidades de un jefe de familia; “no obstante, es más que evidente que la realidad laboral mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias trabajadoras”.
En este sentido, el presidente Enrique Peña Nieto sostiene en su iniciativa, (entregada el pasado viernes a la Cámara de Diputados), que la inflación y el crecimiento de la productividad influyen de manera directa a este concepto de salario mínimo.
Un incremento que no tenga vinculación directa con estos dos conceptos “podría perjudicar a trabajadores con ingresos distintos al salario mínimo, cuyas percepciones no se ajustarían necesariamente al cambio”.
“Pero sí el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones, como son las contribuciones a la seguridad social”, señala en el proyecto presidencial, también en manos de los legisladores federales.
El documento presidencial propone crear una nueva unidad de cuenta que denominó como “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), a fin de sustituir lo que ahora se conoce como salario mínimo, para ser utilizada como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal.
Este proyecto fue acompañado por un análisis de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en sintonía con las instituciones académicas de educación superior antes citadas, descarta un impacto económico adicional.
“No impacta en los programas presupuestarios aprobados en la dependencia; no prevé el establecimiento de distintos específicos de gasto público; no se contempla el establecimiento de nuevas atribuciones a realizar; y no incide en la inclusión de disposiciones generales en materia de regulación presupuestaria”.