Nuevamente un juez ha sido señalado de estar involucrado en presuntos actos de corrupción, pues la adquisición de bienes e inmuebles a su nombre no corresponden con sus ingresos como juez; por ello el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió en esta ocasión al juez Alfonso Javier Flores Padilla.
Los magistrados de la Judicatura decidieron separarlo de su cargo para someterlo a una investigación administrativa y, con base en ello, deslindar responsabilidades de índole penal, de ser necesario.
Las investigaciones son sobre el posible abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción sin la licencia correspondiente; recepción de contraprestaciones distintas a sus ingresos como juez de Distrito, pues se advirtió que adquirió bienes muebles e inmuebles en cantidades que no corresponden a su salario, y realizó múltiples viajes al extranjero en un breve periodo.
Además de la presunta falta al deber de presentar con veracidad su declaración de modificación patrimonial.
Flores Padilla actualmente se desempañaba como titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar en Veracruz, pero las investigaciones se extienden a su anterior encargo en el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en el DF.
“…el Consejo de la Judicatura Federal, dentro del marco de rendición de cuentas y de cara a la sociedad, estima conveniente hacer del conocimiento de la misma la mencionada indagatoria administrativa, con el fin de patentizar su compromiso con la erradicación de actos contrarios al interés público”, informó.
Por ello, el órgano disciplinario de la Judicatura contabilizó al menos 31 viajes, a través de registros de ingresos a México a través de líneas aéreas mexicanas y extranjeras, y solamente registro de dos salidas del país, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, lo que probablemente constituya abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción sin la licencia correspondiente.
Asimismo, con base a las declaraciones de situación patrimonial, a la que todos los servidores públicos están obligados a manifestar sus bienes muebles e inmuebles, incluidos los de su cónyuge, no se cuenta con datos relacionados con las siguientes propiedades.
Sin embargo, se ubicó a sus nombre un departamento adquirido en 2006; una casa en condominio ubicada en el Pedregal de San Ángel, remodelada en 2009 y una casa en el fraccionamiento “Condominios Del Bosque”, en Tlalpan, así como dos vehículos de fabricación alemana con un valor aproximado de un millón 400 mil pesos y, el otro valuado en 959 mil 900 pesos.
Además, se detectó una transacción en efectivo por un monto de 41 mil dólares americanos.
Mientras que uno de sus familiares realizó transacciones comerciales de las siguientes propiedades: en el 2009 adquirió un inmueble por un valor aproximado a un millón 505 mil pesos; así como la compra, en 2012, de un inmueble por un valor aproximado a los 14 millones 100 mil pesos.
“En razón de lo anterior, el Pleno del CJF determinó suspender, sin goce de percepciones, al funcionario público por el tiempo necesario que duren las investigaciones administrativas y faculta a todas las instancias internas, incluida la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que procedan a las indagatorias a las que haya lugar”, informó la Judicatura.
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