La iniciativa de reforma que expedirá la Ley de la Fiscalía General de la República, en sustitución de la hoy Procuraduría, será analizada y aprobada este mismo lunes, en una sola sesión, anunciaron legisladores que integran la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de esta instancia parlamentaria, envió un oficio a los integrantes de esta comisión, a fin de desahogar “cabalmente los temas relacionados con la necesidad de contar con los instrumentos jurídicos para implementar el Sistema de Justicia Penal”.

 

“Se convoca a usted (diputado federal) a que en la reunión ordinaria de la comisión del lunes 8 de los corrientes, a las 2 de la tarde, (para que) se analice, discuta, y en su caso se apruebe, el dictamen por el que se expide la ley de la Fiscalía General de la República”, añadió el legislador priista Pacheco Rodríguez, en la misiva.

 

Sin embargo, hasta ayer, los 28 diputados federales de este grupo parlamentario no habían tenido alguna sesión para analizar el contenido de las más de 140 fojas que incluye esta iniciativa, por lo que su contenido no ha sido discutido o estudiado en grupo, desde el pasado 23 de septiembre que el titular del Poder Ejecutivo la entregó.

 

El proyecto resalta que la nueva entidad garantizaría el respeto a los derechos humanos, una autonomía y eficiencia –en sus vicefiscalías y las fiscalías en delitos electorales y combate a la corrupción–, un servicio civil de carrera y el combate frontal a la corrupción y a los delitos electorales.

 

Fiscal transexenal

 

En el ámbito administrativo, el actual procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguraría su cargo, ahora como fiscal, hasta el año 2023, a menos que presente su renuncia.

 

Si bien el fiscal sería designado por los integrantes del Senado de la República, al momento en que se lleve a cabo esta transición y a partir de la declaratoria de autonomía de la FGR, quien ostente el cargo del procurador sería el nuevo fiscal general.

 

“El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República”, indica el artículo 16 transitorio de la referida reforma.

 

Con esta transición, el titular de la nueva Fiscalía tendría la posibilidad de signar “acuerdos” por encima de la decisión de algún juez, para permitir la liberación de posibles delincuentes o incluso la suspensión de algún proceso penal.

 

“Otorgar la libertad provisional bajo caución, resolver el no ejercicio de la acción penal, solicitar la cancelación de ordenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia, el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso”, cita el artículo décimo tercero de la iniciativa.

 

Además, sería el único personaje en autorizar la infiltración de agentes, de cualquier dependencia de seguridad, a fin de que éstos lleven a cabo investigaciones u operaciones encubiertas que se prevén en la Ley.