Durante los dos últimos años correspondientes a la LXII legislatura del Congreso de la Unión, senadores, diputados y el propio presidente Enrique Peña Nieto presentaron un total de cuatro proyectos de ley relacionados con la regulación de manifestaciones (principalmente en la Ciudad de México), las cuales establecen sanciones económicas o arresto administrativo a quienes se movilicen en vías primarias de comunicación, y autorizan la intervención de las autoridades para disolver manifestaciones.
A partir de la aprobación en la Cámara de Diputados, de la Ley de Movilidad que será discutida ahora en el Senado, estos proyectos podrían ser retomados y materializados, pues según lo advirtieron senadores del PRD -entre ellos Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Angélica de la Peña- las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución en materia de movilidad universal, se promovieron so pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, pero en realidad –acusan- será un instrumento legal para inhibir la libre manifestación.
Al aval en una de las dos Cámaras del Congreso de estas reformas constitucionales en que establecen la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno a garantizar la libre movilidad y tránsito de las personas, anteceden propuestas para la expedición de leyes sobre protesta social.
En noviembre del 2013, senadores del PRI, PAN, y PVEM, presentaron una iniciativa para expedir la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas y establecer, entre otros puntos, que “se prohíben terminantemente los bloqueos”. En este proyecto se señaló que ninguna manifestación podría estar por encima del derecho al libre tránsito, instituyendo para ello que cualquier protesta se daría previo aviso por escrito a la Secretaría de Gobernación, se realizarían en un horario de entre las 11 y 18 horas, y no podrían tener lugar en vías principales. Se propusieron multas de 11 a 20 días de salario mínimo o arresto de 24 horas, para los manifestantes que bloquearan vías y se establecieron facultades a las autoridades incluso federales para disolver cualquier manifestación “fuera de orden”.
Previamente, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, y el diputado Francisco Sotomayor Chávez, ambos del PAN, presentaron en octubre del mismo año (2013), sendas iniciativas para expedir la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Los dos proyectos establecen que se debe respetar el derecho de asociación y reunión, siempre y cuando no implique la obstrucción de las vías públicas más transitadas, para lo cual se solicitará la intervención incluso de autoridades federales.
Equiparan protestas con actos terroristas
Apenas seis meses después de rendir protesta como Presidente de la República, en un acto que generó una de las más intensas protestas de los últimos años, Enrique Peña Nieto, envío al Congreso un proyecto de reforma al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; que equiparó la exigencia social violenta con el delito de terrorismo.
El proyecto presidencial que fue aprobado por el Congreso y publicado en marzo de 2014, señala que no se considera terrorismo las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional; sin embargo, en el texto de la reforma se determinó que “se impondrá pena de hasta 40 años de prisión y hasta mil 200 días de multa, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas (…) explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, afecte bienes o servicios públicos o privados (…) que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o para presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.