Aunque no existe una iniciativa de Ley de Mando Único aprobada por el Congreso, desde 2010 varios estados aplicaron de forma discrecional un modelo de “Mando Único” definido por ellos mismos, para lo cual firmaron convenios con varios de sus municipios e incluso implementaron programas de capacitación.
No se trató de casos aislados. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno presentado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 1 de septiembre, 73% de los mexicanos ya habitaba un municipio en el que se había firmado un convenio relacionado con el Mando Único.
En febrero de este mismo año, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoció en un evento público en Puebla que 26 entidades federativas ya tenían trabajado algún modelo de “Mando Único” policial.
“Tenemos 26 estados que ya han logrado algún tipo de convenio de coordinación de Mando Único Estatal, ¿Qué quiere decir esto? Que han platicado con las autoridades municipales y han estado de acuerdo”, dijo Chong.
La iniciativa de Mando Único presentada por el presidente Felipe Calderón en 2010 ante el Senado, al igual que la anunciada por el presidente Peña Nieto hace unos días, tras la crisis de Iguala, partía de la desaparición completa de las fuerzas policiales municipales y la existencia solo de 32 fuerzas estatales.
El “Mando único” implementado con convenios entre estados y municipios no disolvió ninguna fuerza municipal y por el contrario, recurrieron a fórmulas basadas únicamente en la coordinación del mando, el incremento de la fuerza estatal, e incluso a la mera firma de un papel.
Mando “al ahí se va”
Jalisco, uno de los cuatro estados identificados por Peña Nieto como prioritarios para implementar el Mando Único, presumía desde 2013 el haber adoptado este modelo. Para ello el gobierno firmó convenios con los municipios en los que estos se comprometían a proporcionar un determinado número de elementos para conformar al “Fuerza Única Policial”, pero no perderían a toda su policía.
Hubo inconformidades como la del alcalde Yahualica, que dijo que tendría que quedarse con 20 de sus 72 policías, según publicó el periódico El Informador.
Otra modalidad distinta de “Mando Único” fue la de Hidalgo, donde Pachuca, cedió el mando de su fuerza de seguridad municipal pero mantuvo el de Tránsito. En Michoacán se informó que en mayo ya había más de cien municipios integrados a lo que llamaron “policía única” aunque ninguna corporación municipal desapareció en realidad.
Guerrero fue el extremo (al menos conocido). El ahora ex gobernador Ángel Aguirre presumió el arranque del “Mando único” en seis municipios mayo pasado. La crisis por las desapariciones de Iguala, reveló que los convenios fueron firmados pero en realidad no se cumplieron.
Morelos, señalado como el “ejemplo” del modelo a seguir para el “Mando Único” en la reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) de octubre pasado, implementó una incorporación voluntaria de las policías municipales a la fuerza estatal, aunque dejó en el ámbito de los ayuntamientos las funciones de vialidad.
Crisis destraba iniciativa
En febrero Osorio Chong dijo que el Mando Único tendría que ir mucho más allá de un convenio y subrayó que se estaba preparando una iniciativa de reforma constitucional que se enviaría al senado para darle mayor fuerza al sistema. Nada sucedió en los meses siguientes.
El Segundo Informe de Gobierno, presentado en septiembre, además de presumir los convenios, destacaba que “una comisión de gobernadores estaban valorando la pertinencia de presentar una iniciativa de ley”.
En las semanas subsecuentes tampoco hubo noticias hasta que el Ejecutivo, tras la emergencia desatada por el caso Ayotzinapa, decidió enviar desde Los Pinos la iniciativa.
El Insyde señala fallas
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) A.C. hizo un exhorto “respetuoso y urgente” al Senado y al Ejecutivo para que no se aprueben a la ligera las iniciativas planteadas en seguridad por el presidente Enrique Peña Nieto, que entre otras cosas contemplan la implementación del Mando Único, y por el contrario sean sometidas a un debate serio.
“Insyde llama a evitar cualquier intento de aprobación inmediata de la propuesta, sin mediar un debate serio, amplio, incluyente e informado”, señaló el instituto en un pronunciamiento de 11 puntos respecto al tema.
El instituto destacó entre otras cosas la total ausencia del concepto de Derechos Humanos en la iniciativa, la falta de comentarios sobre la anticonstitucional militarización de cuerpos policiales, la justificación que se hace del Mando Único sobre la falta de coordinación que debió solucionarse desde hace 20 años cuando nació el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“El proyecto camina en contra de la relevancia de la focalización y la proximidad en materia de seguridad ciudadana, así recomendada de manera amplia en el concierto internacional, al tiempo que desconoce que el núcleo de la seguridad en democracia está en el desafío de que la autoridad mantenga una relación cercana con la comunidad”, indicó el instituto.