Boca del Río. La Cumbre Iberoamericana cierra con una marcada preocupación por la desaceleración económica de América Latina, que disminuyó su perspectiva de crecimiento entre 1.0% y 1.5% en 2014, debido a problemas “estructurales y no coyunturales”, según informó la OCDE y la Cepal durante el último día de actividades del cónclave.
Este rango representa una tendencia a la baja con respecto a 2013, cuando la economía de América Latina creció 2.5%, y con 2012 cuando repuntó 2.9%, según su informe conjunto Perspectivas Económicas de América Latina 2015.
Además, la OCDE disminuyó el potencial de crecimiento de la región de 5.0% a 3.0%, una indicador que intenta predecir el comportamiento económico en cuanto a su desempeño en años pasados.
En cada una de las actividades de la cumbre se advirtió la misma problemática regional: Las fallas estructurales en materia de educación, innovación y desarrollo impiden el adecuado crecimiento de una industria con mayor valor agregado, que logre compensar la baja en las exportaciones, generada por una disminución en los precios de las materias primas –como el petróleo– .
“Lo que ya no va a volver es el auge exportador de hace unos años”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
Existe un consenso entre la Cumbre Iberoamericana, que se “desperdiciaron” los años de altos precios en las materias primas, cuyas ventas al exterior fueron impulsadas por un alta demanda en regiones como Asia, en específico China. Este periodo no fue aprovechado para invertir en infraestructura y un mecanismo educativo que promoviera la innovación tecnológica e industrial.
“América Latina no aprovechó suficientemente el periodo de bonanza, esa es la verdad. Creo que América Latina pudo haber hecho mucho más para invertir, para realmente hacer de esta variable, la inversión, el principal puente entre el corto y el mediano plazo”, enfatizó Bárcena.
“Tuvimos un periodo de ‘complacencia’ durante la crisis, y ahora sentimos el coletazo”, dijo a su vez José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Gurría advirtió que aunado a esta perspectiva de bajo crecimiento, los problemas de pobreza y desigualdad continúan presentes en América Latina.
Agregó que cerca de un tercio de la población de América Latina sigue viviendo en condiciones de pobreza e informalidad, con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, cuyo coeficiente de GINI se encuentra en un rango muy alto de 0.5.
“Esta situación explica las movilizaciones sociales en varios países de la región y la erosión en la confianza en las instituciones públicas, en los partidos políticos, en la democracia. Es muy preocupante que menos del 40% de los latinoamericanos estén satisfechos con el funcionamiento de la democracia en sus países”.
Por ello, urgió a generar “una nueva ola” de reformas estructurales que permita aumentar la productividad, mejorar su competitividad, construir economías más incluyentes y sustentables.
Monopolios frenan innovación
Boca del Río. Las empresas en América Latina carecen de incentivos suficientes para invertir en investigación y desarrollo, debido a la facilidad para formar monopolios en la región, factor que disminuye la productividad.
“Existen empresas en sectores que tienen una posición oligopolística o monopólica con lo cual no tiene mucha presión para innovar y se han aprovechado de una posición rentable, en donde no necesitan invertir en este sentido, generando un sector poco productivo”, dijo en entrevista para 24 Horas, Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE.
El gasto de las empresas en investigación y desarrollo en México es menos del 0.2% del PIB, mientras que en países con alto desarrollo económico como Corea del Sur es de 3.4% y 2.3% en Finlandia, según datos estimados por la OCDE.
“El nivel de competencia es muy bajo en algunos casos, con lo cual se pierde el incentivo empresarial para innovar. Faltan políticas públicas que apoyen –no tanto financieramente– a las empresas en cuanto a información y servicios”.
Pezzini considera que también existe una resistencia gubernamental para invertir en la infraestructura suficiente que requieren las empresas –sobre todo para las pymes–.
El organismo considera que al menos dos terceras partes de la inversión en innovación deben provenir del sector privado, y un tercio del gobierno.