BRASILIA. La Comisión de la Verdad de Brasil, que investigó las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura (1964-1985), entregó hoy su informe final en la cual incluyó la “recomendación” de juzgar a los culpables de delitos de lesa humanidad.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lo recibió este miércoles con lágrimas y, según dijo, “sin revanchas”.
El informe, que detalla que la dictadura dejó 434 muertos y desaparecidos, fue presentado en un acto encabezado por Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió torturas por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen militar.
“Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión”, declaró la presidenta, quien rompió a llorar en medio de su discurso, aunque aclaró que las atrocidades relatadas en el documento “no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas”.
El voluminoso informe detalla a lo largo de sus 4,500 páginas, miles de casos de persecuciones y torturas, identifica además a unos 300 agentes del aparato represivo que, pese los testimonios y pruebas recogidas en su contra, no podrán ser llevados ante la justicia.
El obstáculo radica en la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que amparó tanto a los represores como a los miembros de las organizaciones guerrilleras que actuaron en el país, y cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Supremo hace poco más de cuatro años.
Rousseff, cuyo gobierno ha manifestado “respeto” por la decisión del Supremo, afirmó que Brasil reconquistó la democracia en 1985 “a su manera, por medio de luchas duras y sacrificios irreparables”, pero “también a través de pactos”.
Apuntó que la sociedad “respeta y reverencia a todos los que lucharon por la democracia, a los que enfrentaron la truculencia ilegal del Estado” y “jamás dejará de enaltecerlos”.
Pero dijo que la sociedad también “valora los pactos políticos que llevaron a la democracia”, en aparente alusión a los acuerdos que condujeron a la amplia amnistía dictada en 1979 por la propia dictadura que impiden juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, pese a que éstos no prescriben.
“Este trabajo es resultado de esfuerzos por alcanzar la verdad y el respeto a la memoria”, pero también pretender ser un “estímulo a la reconciliación nacional”, declaró la jefa de Estado.
Según Rousseff, “Brasil merecía la verdad, las viejas y las nuevas generaciones merecían la verdad y también la merecían quienes perdieron familiares, compañeros y siguen sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día”.