Si una mujer que haya sido amenazada o víctima de violencia dentro de su casa vive en Aguascalientes, el Estado de México,  Guanajuato,  Jalisco,  Morelos,  Sinaloa o Tlaxcala no puede defenderse ni sentirse protegida ante su agresor. Es más, ser residente de cualquiera de estas entidades es casi una amenaza de muerte, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

 

En los resultados preliminares del Informe Avances y Retrocesos en la Protección de las Mujeres Víctimas de la Violencia Familiar 2012 – 2013, el Observatorio, encontró que en estos estados (a pesar de que está operante la Ley General de Acceso a una Vida sin Violencia), las autoridades no ejercen órdenes de protección, las medidas básicas para evitar que una víctima de violencia se convierta en víctima de homicidio por causa de género.

 

Estas medidas pueden ser desde el decomiso de un arma (en caso de que la mujer se sienta amenazada porque su pareja posee una) hasta el retiro de la mujer de la casa que comparte con su pareja, a la que tiene acceso su expareja o donde vive con sus hijos que, en algunos casos, son los victimarios.

 

“La mayoría de los estados no cuenta con un método que permita determinar el riesgo en el que se encuentra la víctima, y la forma en que evalúan el riesgo es a partir de interpretaciones subjetivas y discriminatorias. Lo anterior pone en riesgo la vida y seguridad de las mujeres que se acercan a las instancias competentes a solicitar auxilio ante un hecho de violencia, pues al no acreditarse el riesgo a partir de estos elementos, no sólo se exhibe a la mujer sino genera un dejo de desconfianza”, señala el reporte.

 

“Los estados de Morelos, Estado de México, y Tlaxcala reconocieron que de enero de 2012 a diciembre de 2013, no emitieron ninguna orden de protección. Esta omisión es grave debido a que en el informe anterior estos estados mencionaron lo mismo”.

 

De acuerdo con el análisis que elaboró el Observatorio, a partir de reportes y solicitudes de información a las fiscalías estatales, entre 2012 y 2013 ocurrieron 104 mil 470 hechos de violencia familiar; sin embargo, sólo se emitieron 29 mil 776 órdenes de protección, concentrándose la mayoría en el Distrito Federal, Veracruz, Chiapas y Campeche.

 

Sin embargo, las medidas no resultaron suficientes porque en la mayoría de los casos, las mujeres eran reintegradas a sus hogares después de 72 horas de ocurrido el hecho violento.

 

“Son medidas mínimas de protección. Nos preocupa que la autoridad le niegue a la mujer o no le importe que estos mecanismos funcionen para que las protejan”, explicó a 24 HORAS  la directora del capítulo mexicano de Católicas por el Derecho a Decidir, María de la Luz Estrada.

 

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,  sólo 3 de cada 10 agresiones que se denuncian en el país terminan con una orden de protección para las mujeres y sus hijos.