Oaxaca podría ser un ejemplo tipo para darle la razón al Presidente de la República en su propuesta de poner en orden las policías municipales y estatales: a pesar de las quejas ciudadanas contra la inseguridad y la incapacidad policiaca, las autoridades estatales están pensando más en vender servicios de seguridad en lugar de garantizar la seguridad pública.
Sin tener licencia de portación de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional y usando ilegalmente armas de la policía estatal, la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC) de Oaxaca vende servicios de seguridad a empresas privadas pero sin ingresar los cobros como servicios especiales y para nada atiende a la seguridad pública de la sociedad.
Detrás de la comercialización de la seguridad pública estatal se encuentra un negocio político: los recursos del cobro de servicios a particulares y empresas forman parte de la caja chica de Marcelo Ebrard Casaubón, jefe político del secretario de Seguridad Pública de Oaxaca Alberto Esteva Salinas y padrino político del gobernador del PAN-PRD Gabino Cué Monteagudo.
Lo significativo en Oaxaca es que la policía estatal es incapaz de defender a la ciudadanía de plantones, marchas, cierre de carreteras y agresiones de organizaciones radicales porque le da más prioridad a la venta privada de servicios de seguridad pública.
Las policías auxiliares nacieron como negocios al margen de controles presupuestales, cuando todas las policías debieran de estar dedicadas a cuidar las calles y negocios sin cobrar como servicio privado. Al estar fuera de supervisiones de ingresos, los cobros funcionan como cajas chicas de gobernantes.
En Oaxaca existe la percepción empresarial de que a veces las fallas en la seguridad pública ante la delincuencia y las movilizaciones radicales pudieran ser a propósito para que luego la PABIC pueda vender la seguridad pública en contratos privados. Inclusive, hay empresarios que perciben que sus negocios no son vigilados por la policía estatal para que después puedan pagar la seguridad pública como servicio privado.
El secretario estatal de Seguridad está más activo promoviendo personalmente la venta de servicios de la PABIC en lugar de modernizar la policía estatal. Hace unas semanas hubo un paro de policías estatales por presuntas malversaciones del presupuesto para policías, dejando durante varios días a los ciudadanos a merced de los delincuentes. Así, los oaxaqueños padecen a la delincuencia, a policías insatisfechos que descuidan su trabajo y a una policía auxiliar que hace negocio con la inseguridad. Sólo la policía municipal de la ciudad de Oaxaca cumple sus tareas y enfrenta las protestas violentas.
La venta de servicios policiacos en Oaxaca, como ocurrió en Guerrero, formó parte de la estrategia de Ebrard para hacer un fondo especial de recursos para su campaña presidencial en el 2018, sólo que a costa de la inseguridad de la ciudadanía. Ebrard usó recursos del GDF para apoyar a Cué y a Ángel Aguirre.
La iniciativa presidencial de poner orden en las policías estatales y municipales encuentra fundamentos en el caso de Oaxaca como microcosmos de las perversiones en el manejo de los policías estatales y municipales como negocio y no como servicio público.