La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados informó que de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles alrededor de 500 mil niños han desaparecido en los últimos seis años, es decir, entre nueve y 10 cada hora.
El secretario de dicho grupo de trabajo, José Francisco Coronato Rodríguez advirtió que pese a que no existe una cifra exacta, los datos de las instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles difieren mucho en sus estimaciones.
Afirmó que según estas agrupaciones el 58 por ciento de los niños ciento tiene entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino.
Coronato Rodríguez resaltó que de acuerdo con cifras difundidas del Senado, entre 2007 y 2011 el número de niños bajo esa condición en el país ascendió a 150 mil, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.
En contraparte, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo tiene documentado hasta la fecha, mil 385 niños robados o desaparecidos, lo cual demuestra la “falta de voluntad por parte del gobierno para resolver un problema que ya rebasó, por mucho, a las instituciones encargadas de la seguridad del país”.
Proponen crear Registro Nacional de Menores Desaparecidos
Por lo anterior, el legislador de Movimiento Ciudadano propuso crear una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos, a fin de contar con una base de datos eficaz en el tema.
Coronato Rodríguez, dijo que la ausencia de esa información que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar esos datos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, “dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas”.
Precisó que esta ley permitiría establecer un sistema de registro que compile y deje a disposición de las autoridades correspondientes los datos esenciales para la identificación de los menores desaparecidos.
Además, indicó, se contaría con una base fidedigna y eficaz para conocer la magnitud del problema y daría a los responsables de impartir justicia un sistema de comunicación y distribución de información de alta tecnología y especialización que facilite sus labores en la investigación del ilícito.
También, se tendría, por obligación, un soporte de datos de ADN de los menores desaparecidos, que permitiría a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto sería únicamente para la localización de los niños.
MG
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