La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) emplazó al alcalde perredista José Ricardo Gallardo Cardona, del municipio de Soledad Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, a que comparezca ante las autoridades por acusaciones de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Tras una sesión privada, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) perredista aprobó aplicar por vez primera su protocolo de Legalidad y Ética contra el edil por diversas acusaciones.
Estas medidas entraron en vigor en el sol azteca hace un mes como resultado del caso del ahora encarcelado José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, quien mantuviera nexos con el crimen organizado después de ser arropado por el perredismo.
Ahora, el edil del municipio potosino de Soledad Graciano Sánchez es señalado por gastos irracionales y desproporcionados, no presupuestados en la administración municipal. De ser ciertas las acusaciones, sería expulsado de las filas del partido.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, requiere al presidente municipal para que comparezca de inmediato ante la autoridad competente a declarar e informar todo lo que sea necesario y se le requiera para esclarecer su actuación al frente de la administración de ese municipio”, resolvió la dirigencia partidista.
El sol azteca también exhortó a las autoridades competentes a que atiendan las remisiones de información que haga la dirección del partido y se realicen las investigaciones de manera profesional, rápida, efectiva y apegada a derecho, sin tintes políticos, que determine con precisión la realidad de los hechos y proceda en consecuencia; sin contemplaciones pero con estricto apego a derecho.
Desde su aprobación
El protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política del PRD, que entró en vigor el pasado 18 de noviembre, se aplicará en todos los ámbitos de la vida interna y a todos sus militantes, obligando a dirigentes, funcionarios públicos y legisladores a conducirse en sus funciones con apego a los principios del partido, con honestidad, rectitud y transparencia.
“Los gobiernos municipales que están en funciones y que ganaron la elección con las siglas del PRD, están obligados a cumplir puntualmente este protocolo y en el caso de existir señalamientos fundados sobre comportamientos presuntamente irregulares, deben comparecer ante la autoridad competente para esclarecer a cabalidad los señalamientos, ofrecer toda la información que sea necesaria y renunciar a cualquier clase de fuero o privilegio para que las investigaciones se hagan con prontitud y eficacia”, indica el texto del protocolo.
Asimismo, el PRD someterá a escrutinio público el proceso de selección de todos los candidatos y recibirá cualquier información que ponga en duda la conducta ética del aspirante.