El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propondrá a los partidos políticos representados en la capital la firma de un acuerdo para reforzar los métodos de selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

 

Esto con el objetivo de evitar casos como el de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, quien enfrenta un proceso penal por su presunto nexo con la delincuencia organizada de aquella entidad y su supuesta responsabilidad por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

 

El reforzamiento del método de selección de candidatos incluye la realización de exámenes de control de confianza, que implica aplicar el polígrafo a los aspirantes a diputados locales de la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales, cargos que se renovarán el próximo año en la Ciudad de México.

 

Dichas exámenes de control de confianza a los aspirantes a cargos de elección popular serían practicados por el Centro Especializado del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

 

Mancera hizo el anuncio en el marco de una reunión con los presidentes del Tribunal Electoral (TEDF) y del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Armando Hernández Cruz y Mario Velázquez Miranda, respectivamente.

 

El acuerdo, indicó el Jefe de Gobierno capitalino, “estará sujeto a los tiempos establecidos por el IEDF, será un instrumento no limitativo y acorde a la legislación sobre la materia”.

 

El 7 de junio de  2015 los habitantes de la Ciudad de México elegirán a 40 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por mayoría relativa; 26 por el principio de representación proporcional y a 16 jefes delegacionales.

 

Además se elegirán 27 diputados federales por el principio de mayoría relativa, el número que resulte de la elección de diputados federales plurinominales de la Cuarta Circunscripción, todos éstos con sus respectivos suplentes.

 

La propuesta de someter a pruebas de control de confianza a los aspirantes a un cargo de elección popular llega una semana después de que Mancera ordenó a todo su gabinete hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, acción que los 16 jefes delegacionales se comprometieron a secundar.