Una declaración obtenida mediante prácticas de tortura de autoridades mexiquenses, de cuyas consecuencias físicas existían constancias periciales, le bastó a la Procuraduría General de la República (PGR) para arraigar y luego consignar a un penal federal a dos mujeres que sobrevivieron a la masacre del 30 de junio en Tlatlaya.
Esta semana, un juez federal ordenó la libertad de ambas luego de que el Ministerio Público federal reconoció que no podía sostener las acusaciones. Las dos estuvieron privadas de su libertad 165 días.
Autoridades ministeriales consultadas por 24 HORAS reconocieron que la presentación de conclusiones no acusatorias se debió a que no había pruebas de cargo suficientes para sostener la responsabilidad de las dos mujeres, más allá de su propia declaración inicial en la que señalaban que sí conocían a los agresores.
Pero esto ocurrió luego de la insistencia hecha en dos tiempos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Primero con la recomendación 51/2014 sobre el caso Tlatlaya emitida en octubre, y luego con un oficio enviado el 12 de diciembre a la Encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de PGR, Eliana García.
La investigación plasmada en la recomendación de la CNDH demostró que la PGR primero retuvo en el Ministerio Público a las dos mujeres casi 96 horas, luego las arraigó 40 días y finalmente las consignó acusándolas de portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Lo anterior, revela el documento, pese a que los dictámenes en química forense practicados a las dos mujeres el 1 de julio dieron negativo sobre manipulación de cualquier arma.
A esto se suma el dictamen de integridad física folio 49477 del 6 de julio, a través del cual dos peritos médicos oficiales adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR certificaron que ambas mujeres presentaban lesiones físicas. Aún con lo anterior no se reconoció la tortura.
El ombudsman hizo notar que al PGR no investigó durante semanas el homicidio de las personas en la bodega ni tomo declaración como testigo respecto a lo ocurrido de las mujeres, sino en cambio trato de incriminarlas y acusarlas lo que finalmente realizó.
Reconoce liberación
Ayer la CNDH emitió un comunicado en el que reconoció el cumplimiento del cuarto punto de la recomendación 51/2014 sobre la no culpabilidad de las dos sobrevivientes, aunque reveló que apenas el viernes pasado insistió en un oficio enviado a la subprocuradora de la PGR sobre la importancia de atender el caso.
“Se solicitó que la PGR valorara las circunstancias planteadas en la causa penal que se instruía contra esas víctimas, con el fin de que el Juez de Distrito pudiera dictar a la brevedad la resolución respectiva, y permitiera que ellas fueran restituidas en sus derechos humanos”, dijo.
La Comisión recordó que las dos mujeres, que se dedican al sexoservicio, estaban el día de los hechos de forma circunstancial en la bodega, tras haber sido traídas por la fuerza por algunos de los supuestos delincuentes. Luego fueron retenidas y torturadas por agentes de la procuraduría mexiquense para que aseguraran que tenían nexos con los sospechosos y no mencionaran la ejecución extrajudicial cometido por los soldados.