Los policías de la Fuerza Rural de Michoacán, conformada por autodefensas conversos y uniformados, operan con los estándares legales más bajos que contempla la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para cualquier fuerza policial del país, e incluso sin ellos.

 

A la falta de exámenes de control de confianza  para nueve de cada 10 elementos de la Fuerza Rural, hecho denunciado por la activista María Elena Morera, se suma una cláusula en el decreto de creación de este grupo que exime a los agentes de cumplir con los ya de por si bajos requisitos, como el tener al menos la educación secundaria terminada, por ejemplo.

 

Este cuerpo de seguridad denominado oficialmente Unidad de Fuerza Rural de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, fue impulsado por el comisionado Alfredo Castillo como la fórmula para desmovilizar a las autodefensas.

 

Más de mil efectivos fueron integrados a esta fuerza, a cuyos elementos se les dio un uniforme, una placa y dos armas: una pistola y un rifle AR-15.

 

En los últimos cinco días la Fuerza Rural ha protagonizado dos incidentes graves en Michoacán: primero con bloqueos y quema de uniformes el domingo pasado y luego con un enfrentamiento en La Ruana, que dejó un saldo de 11 personas muertas. A esto se suman otras quejas por violaciones a derechos humanos.

 

Perfil de “Reacción”

 

Para darle sustento legal a la Fuerza Rural, el pasado 13 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto firmado por el entonces gobernador Fausto Vallejo, en el que se delinea el perfil de este cuerpo policial de nivel estatal.

 

En el artículo 4 del decreto de creación se estableció que este cuerpo se ajustaría a dos fracciones específicas contempladas en los artículos 75 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Lo anterior dio la Fuerza Rural un perfil de “Reacción” para el cual solamente se pide secundaria como requisito de ingreso y permanencia. Es el escalafón más bajo si se toma en cuenta que para un perfil de prevención el requisito es nivel medio superior, mientras que de investigación es superior.

 

Pero más significativo resulta que el decreto incluye un párrafo que abre la posibilidad de que los policías de Fuerza Rural ni siquiera tengan que cumplir con lo anterior.

 

“El Secretario de Seguridad Pública podrá realizar dispensas legales de algún requisito de ingreso o permanencia a solicitud de los interesados, y previa valoración del casos (sic) específicos”, señala textual el decreto publicado.

 

El decreto también estableció  que se tenía que crear un protocolo de actuación, así como un plan de trabajo para la Fuerza Rural en 90 días. Si estos se crearon nadie se enteró, pues no se dio a conocer información al respecto.

 

Por otro lado, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, reveló hace unas semanas que los exámenes de confianza solo se aplicaron a 170 efectivos, principalmente mandos, mientras que los otros 925 no fueron sometidos al referido procedimiento, el cual es una obligación legal.

 

Castillo debe responder: Wallace

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, hizo un llamado al comisionado por Michoacan, Alfredo Castillo, para que responda por las fallas en que ahora se ha visto envuelta la Fuerza Rural, entre ellos el enfrentamiento ocurrido en la Ruana, que dejó 11 muertos.

“No son civiles son policías rurales y por lo tanto estamos hablando de una institución, él como Comisionado es responsable de lo que sucede en Michoacán y por lo tanto no puede evadir su responsabilidad”, declaró la presidenta de Alto al Secuestro.

 

“Es un conflicto entre policías rurales y tú (Castillo) eres institución, tú tienes que responder por ello, por algo los armaste, los armaste sin darles un adiestramiento, sin darles una capacitación, sin que hubieran pasado control de confianza, hiciste legal lo que era ilegal en su momento”, sentenció.

 

Cabe recordar que la Fuerza Rural surgió a partir de las autodefensas michoacanas, luego de que el gobierno encuadrará a aproximadamente mil de sus integrantes en la corporación policiaca, creada el pasado 13 de mayo mediante un decreto firmado por el ex gobernador del estado, Fausto Vallejo.