La Iglesia católica pidió el domingo “cambios” al gobierno del presidente mexicano para que ataje la actual crisis social y de violencia que vive el país, que se ha convertido en el más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio, según un informe de la Iglesia mexicana.
“La situación de crisis actual exige cambios en México (…) son absolutamente necesarios”, dijo Norberto Rivera, cardenal y arzobispo de la Ciudad de México, en un encuentro con periodistas en el que enfatizó que el papa Francisco sigue de forma continua y con “preocupación” los sucesos en el país, y no solo los relativos a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.
De hecho, el nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, junto con el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, y el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala, estarán con los padres de los desaparecidos el lunes en Ayotzinapa, donde celebrarán un a misa.
El presidente Enrique Peña Nieto “sabrá cómo afrontar esto, si con las mismas personas o personas distintas”, dijo. Pero de lo que sí se mostró convencido es que debe haber cambios de “estrategias”, “dinámicas” y “actitudes”, pues “si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener el mismo resultado”, subrayó.
Aunque abogó por la reconciliación y la recuperación de los valores, reconoció que entre los “grandes problemas que ha permitido que la violencia crezca” está la “impunidad”. “Si se siguen cometiendo crímenes y no pasa nada cualquiera se arriesga”, afirmó.
Por eso consideró “muy entendible” que la sociedad civil “exija justicia”, uno de los valores que, a su juicio, hay que promover. “No puede haber paz ni reconciliación si no hay justicia”.
Y recordó que la situación de violencia en México va más allá de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, puesto que hay más de 20 mil desaparecidos en todo el país, muchos de los cuales “han pasado desapercibidos”.
De forma paralela, el Centro Católico Multimedia, una entidad dependiente de la Iglesia católica mexicana, divulgó el domingo un informe en el que denuncia que México es el país latinoamericano más peligroso para los sacerdotes, con una tendencia al alza en el número de agresiones, intimidaciones y amenazas y en que “las autoridades brindan poca o nula protección”.
El documento indica que desde que llegó al poder el presidente Peña Nieto, se tiene registro de ocho sacerdotes asesinados —tres de ellos en Guerrero— y dos que están desaparecidos desde el 2013, un incremento del 100% con respecto al sexenio anterior. Además, ha habido 520 amenazas, muchas de muerte, y 1.520 casos de extorsiones contra religiosos.
El informe también subraya que tres sacerdotes fueron rescatados ante la posibilidad “de sufrir asesinato” y una docena realiza su trabajo bajo “constantes agresiones y/o amenazas de muerte”, entre los que se destacan religiosos de los estados de Michoacán y Guerrero, defensores de los derechos de los migrantes o monjas que han sido golpeadas y despojadas de equipos médicos con los que realizaban labores humanitarias.
Asimismo, la investigación denuncia agresiones por parte de las autoridades, como un violento allanamiento en una Iglesia de Apatzingán, en el estado de Michoacán, por parte de efectivos de la Marina o la detención “injusta” de un sacerdote de 70 años por “defender valientemente” el atrio de su parroquia en la capital mexicana.
Para la Iglesia católica, los estados donde la situación es más crítica son Guerrero, Michoacán —donde las agresiones e intimidaciones han llegado tanto del crimen organizado, como de las autodefensas y de autoridades— y el Distrito Federal y su zona conurbada, perteneciente al Estado de México.
El documento afirma incluso que en el sureste mexicano “la vida de un sacerdote ha sido estipulada en un precio de 300 milpesos”.
En total, en los últimos 24 años, el Centro Católico tiene registrados 45 asesinatos y dos desapariciones, y aunque califica el sexenio del ex presidente Felipe Calderón como “el más negro de la historia moderna de México por la inacción y falta de protección a los derechos humanos de sacerdotes, religiosos y laicos católicos”, añade que el actual período del presidente Peña Nieto podría ser incluso “más violento”.
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