WASHINGTON. Una corte federal estadunidense escuchó hoy los primeros argumentos en una demanda interpuesta por el polémico alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, contra las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama.

 

La jueza Beryl Howell, designada a la Corte de Distrito de la capital estadunidense por el presidente, cuestionó al abogado de Arpaio, Larry Klayman, si tenía jurisdicción para iniciar un procedimiento judicial contra la rama ejecutiva.

 

La magistrada “escuchó atentamente a las respuestas de Klayman”, pero se mostró escéptica sobre los argumentos, señaló Melissa Crow, directora legal del Consejo Americano de Migración (AIC).

 

Klayman, director del grupo Judicial Watch y conocido litigante en pro de causas conservadores, debe demostrar según expertos que las acciones de Obama causan un daño “concreto y particular” al demandante.

 

Arpaio busca detener la instrumentación de la nueva versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), anunciada por el presidente el pasado 20 de noviembre.

 

Asimismo, busca frenar el nuevo Programa de Acción Diferida para Adultos (DAPA) con hijos que son ciudadanos estadunidense o residentes legales permanentes, bajo el argumento de que ambos representan una carga desproporcionada a su Departamento de Policía.

 

Según Arpaio, las acciones ejecutivas del presidente tienen el potencial de causar un flujo de “millones” de inmigrantes en Arizona.

 

La jueza Howell señaló que emitirá en breve su decisión sobre la demanda.

 

La semana pasada, otro juez federal dictaminó inconstitucional la acción administrativa del presidente Obama que evitaría la deportación de alrededor de cinco millones de indocumentados.

 

En el primer fallo legal adverso al alivio migratorio, el magistrado Arthur Schwab, de una corte distrital en Pensilvania, sostuvo que la orden ejecutiva viola la separación de poderes consagrada en la Constitución de Estados Unidos, al desestimar al Congreso.

 

Schwab falló en el caso del hondureño Elionardo Juárez Escobar, arrestado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) por volver a entrar a Estados Unidos de manera ilegal tras haber sido deportado.

 

Una coalición de 17 estados, encabezados por Texas, ha interpuesto demandas en contra del alivio migratorio, y expertos esperan que los casos lleguen eventualmente a la Corte Suprema.

 

GH