Las autoridades ucranianas y los separatistas prorrusos volvieron hoy a la mesa de negociaciones en Minsk tras tres meses sin diálogo directo para tratar, entre otros asuntos, el intercambio de prisioneros y el cumplimiento de anteriores acuerdos alcanzados en el mismo formato.

 

Tras casi cinco horas de reunión, el expresidente ucraniano, Leonid Kuchma, y los dos representantes de los sublevados, Denís Pushilin, abandonaron el llamado Dipservice Hall de Minsk sin revelar los resultados del encuentro, al igual que el embajador ruso en Ucrania, Mijail Zurábov, y la emisaria de la OSCE para Ucrania, Heidi Tagliavini, mediadores del proceso negociador.

 

“Hemos tenido un encuentro difícil, y revelar los resultados antes de la próxima reunión no sería de recibo”, explicó Pushilin el silencio de los reunidos a la Agencia de Información de Donetsk.

 

Las partes tampoco acordaron la fecha de la próxima reunión en la capital bielorrusa, por lo que el encuentro programado en principio para el próximo viernes podría ser finalmente aplazado.

 

“La fecha y hora de la próxima reunión aún no están claras, se están discutiendo”, dijo el negociador jefe de los separatistas de la autoproclamada república popular de Donetsk.

 

Horas antes de la cita, que se celebró tras tres meses de parón en el diálogo entre los dos bandos enfrentados en el este de Ucrania, el líder de los rebeldes de Donetsk, Alexandr Zajárchenko, señalaba a la prensa que el intercambio de prisioneros sería el tema central de las conversaciones.

 

“Lo que vamos a tratar es si por fin intercambiaremos prisioneros mediante la fórmula de ‘todos por todos'”, dijo Zajárchenko, que precisó que las autoridades rebeldes tomarían una decisión sobre su postura en otros temas tras escuchar hoy los planteamientos de Kiev.

 

Por su parte, también antes de que empezara el encuentro, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, en sus siglas en ucraniano, antiguo KGB) informó de que estaba dispuesto a entregar hoy mismo a 225 prisioneros, entre ellos ciudadanos rusos.

 

Sin embargo, las autoridades ucranianas han señalado en muchas ocasiones que los separatistas detenidos a los que se haya acusado de delitos graves, considerados por Kiev criminales y terroristas en lugar de prisioneros de guerra, no serán podrán beneficiarse del intercambio.

 

Por otra parte, mientras la OSCE había anunciado que los temas a tratar, además del intercambio de prisioneros, serían el alto el fuego, la retirada del armamento pesado de la línea de contacto entre los dos bandos y la apertura de corredores para cargas humanitarias, los prorrusos y Kiev insisten en incluir otros temas en la agenda.

 

Así, los separatistas exigen a las autoridades ucranianas que pongan fin al bloqueo económico de las zonas controladas por los rebeldes en las regiones orientales de Donetks y Lugansk, al tiempo que piden la entrada en vigor del estatus especial para esos territorios, acordado en anteriores rondas negociadoras.

 

A su vez, para Kiev la principal cuestión es el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados en las reuniones de Minsk los pasados 5 y 20 de septiembre, incluidos el control internacional de la tregua y de los tramos de la frontera ruso-ucraniana en manos de los prorrusos.

 

En el Gobierno de Ucrania, que culpa a Rusia de apoyar a los insurgentes con armas e incluso tropas, no aceptan ceder los territorios rebeldes a las separatistas y señalan que la catástrofe humanitaria en los mismos será resuelta cuando Kiev recupere el pleno control de Donetsk y Lugansk.

 

“Cuanto más rápido se dé cumplimiento al Protocolo de Minsk (adoptado el 5 de septiembre), (más rápido) podremos restablecer el control sobre los territorios correspondientes y la gente dejará de sufrir”, dijo hoy al respecto el primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk.

 

Según el jefe del Ejecutivo ucraniano, la situación por la que pasa la gente en el Donbass (zona geográfica que integra las regiones de Donetsk y Luganks) se debe a que “Rusia no cumple con el Protocolo de Minsk y no tenemos acceso a esos territorios”.

 

Actualmente, en la zona del conflicto, que desde abril de este año se ha cobrado cerca de 5.000 muertos, rige una tregua que entró en vigor el pasado día 9 y que fue acordada después de no se cumpliera el alto fuego declarado en septiembre.