Este año estuvo lleno de propuestas políticas y sus respectivos fracasos.

27 noviembre. Peña y el decálogo contra impunidad

 

 

 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso, el 27 de noviembre, 10 medidas para enfrentar la crisis política y de inseguridad, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, generada tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

 

Entre lo proyectado se encuentra un paquete de reformas en materia de seguridad y justicia. Al Congreso de la Unión se envió una iniciativa de Ley contra la Infiltración del crimen organizado en municipios, con la cual, el gobierno federal asumirá la seguridad en las zonas controladas por el narcotráfico y tendrá la facultad de disolver el ayuntamiento completo en caso de detectar que las autoridades están coludidas con el crimen.

 

Otra iniciativa busca redefinir las competencias de cada autoridad en el combate al delito.

 

Una tercera propuesta será la creación de Policías Estatales Únicas, “este cambio de modelo policial permitirá pasar, de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces”, dijo el Presidente durante la presentación del decálogo en Palacio Nacional.

 

El mandatario propuso establecer el 911 como “un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz, para pedir auxilio en casos de urgencia”.

 

Para que los mexicanos cuenten con un registro confiable, explicó, se “impulsará el establecimiento de la Clave Única de Identidad”.
Además, se ordenó un Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las Fuerzas Federales en municipios de Guerrero y Michoacán.

 

En materia de derechos humanos, anunció, una “iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada”.

 

Y garantizó su respaldo “al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.

 

Las iniciativas propuestas serán discutidas hasta febrero en el Congreso de la Unión.

 

 

Octubre. Fracasan consultas populares

 

 

De las cuatro consultas populares promovidas por PRD, Morena, PAN y PRI, ninguna fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los ciudadanos se quedaron sin ser consultados en temas de relevancia nacional, al menos en 2015.

 

En agosto de 2013, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el primero en anunciar públicamente su intención de promover un referéndum para echar abajo la reforma energética y con ello la no privatización de la energia eléctrica y el petróleo. Para el 2014, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) define que también va contra la reforma a través de una consulta popular, pero sin sumarse a los perredistas.

 

 

Pero estas dos propuestas para consultas populares no fueron las únicas impulsadas para realizarse el primer domingo de junio de 2015 (junto a las elecciones intermedias). El Partido Acción Nacional (PAN) se lanzó con otra propuesta para que la ciudadanía fuera consultada para mejorar el salario mínimo.

 

Y de última hora, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sorprendió con la promoción de una consulta popular para eliminar 100 diputaciones federales  y 32 senadurías plurinominales.

 

 

Los cuatro partidos políticos cumplieron en tiempo y forma con la recolección de más de 1.7 millones de firmas ciudadanas como requisito principal para que el Instituto Nacional Electoral (INE) avalara las peticiones y se revisara su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

No obstante, a principios de noviembre los ministros de la Corte rechazaron todas y cada una de las propuestas debido a que determinaron que los temas que de pretendían consultar eran prohibidos por la Constitución mexicana.

 

 

1 mayo. Mancera apuntala aumento salarial

 

 

 

El 1 de mayo, Día del Trabajo, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera colocó en la agenda púbica el debate sobre un aumento al salario mínimo. Seis meses después, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en crear una Unidad de Cuenta y desvincular al salario mínimo como referencia para el cobro de multas y pagos.

 

Esto ocurrió después de una cruzada de Mancera para impulsar el tema. Al inicio, recordó él mismo el miércoles 11 de diciembre, “nos criticaron mucho, hubo férrea oposición”. Y sí, el gobierno federal, a través del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y el sector empresarial criticaron la propuesta.

 

El 19 de agosto, Navarrete Prida dijo que el aumento dependía del crecimiento económico del país; días antes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, deslizó el mismo argumento: “crecerá el empleo y los salarios en la medida en que crezca el país”.

 

Dos semanas después llegó la propuesta formal de Mancera, elaborada por un grupo de economistas de instituciones como UNAM y el Colegio de México. Entre las acciones planteadas estaba la de crear una Unidad de Cuenta para desvincular el salario mínimo y aumentarlo a 82.86 pesos sin afectar la inflación.

 

Esto se logró en la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre; dos días después el presidente Enrique Peña Nieto replicó lo hecho a nivel local y propuso desvincular el salario mínimo a nivel nacional. Esto confirmó que Mancera ganó el debate y, con ello, se anotó uno de los mayores logros de su gestión.