La lista de atrocidades que el grupo terrorista Boko Haram inflige desde hace años a Nigeria encontró en 2014 una trágica marca para popularizar su campaña: el secuestro de las más de 200 niñas de una escuela en Chibok, entre muchos otros actos.
Vistas por última vez en un vídeo difundido poco después de ser capturadas, el pasado abril, las menores inspiraron lágrimas y consternación virtual en las redes sociales, además del compromiso de grandes potencias con la lucha del Gobierno nigeriano contra los yihadistas. Las imágenes de sus rostros, enfundados por primera vez en un velo islámico, cumplieron otro objetivo táctico para Boko Haram: el de dar a conocer a escala mundial la dimensión del terror de los extremistas, que siguen campando a sus anchas en el norte de Nigeria.
Boko Haram adquiría así notoriedad internacional, incluso antes de venderse como una franquicia del Estado Islámico (EI) en África al declarar su propio califato islámico en el norte del país. Sobre todo, se arrogaba el puesto del grupo terrorista más despiadado del continente. Los terroristas nigerianos han matado a tres mil personas solo en 2014, cifra a la que ninguna otra organización criminal se acerca en África, y a la que solo podría equiparar el EI, que desde finales de junio ha ejecutado a unas , mil 500 personas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Las decapitaciones que se han convertido en la rúbrica mediática del EI son practicadas hace tiempo por Boko Haram en el remoto norte de un país inmenso por su población (170 millones de personas) y diversidad cultural y religiosa. En su reino del miedo, ganado al Ejército nigeriano en los estados de Borno, Yobe y Adamawa, Boko Haram lucha para imponer la ley que emana de una interpretación radical del Corán.
La secta, cuya denominación significa en lenguas locales “La educación no islámica es pecado”, inició su campaña violenta en 2009 cuando su fundador, Mohamed Yusuf, murió en un intento de fuga mientras se encontraba bajo custodia policial. Y a partir de ese año: hombres cristianos decapitados y mutilados; sus mujeres, obligadas a convertirse en musulmanas y tomadas como esposas; masacres contra comunidades enteras; pueblos arrasados; atentados con centenares de muertos en grandes ciudades… Ese ha sido el curso de acción habitual de Boko Haram antes y después del pasado 14 de abril, el día en que un grupo de alumnas fueron capturadas por los fundamentalistas en un internado de la pequeña localidad de Chibok, en Borno, feudo espiritual de la secta.
La difusión global del secuestro llegó días después, gracias a las cuentas de Twitter de personajes famosos, que propiciaron una movilización digital en favor de la liberación bajo la etiqueta “BringBackOurGirls” (“Traed de vuelta a nuestras niñas”).
Chinaleaks
En enero, los periódicos The New York Times y El País, entre otros, revelaron que 13 familiares de máximos dirigentes comunistas, entre ellos el cuñado del presidente Xi Jinping, y 16 magnates han mantenido una importante actividad secreta en refugios fiscales.
La investigación sobre la presencia en paraísos fiscales de empresas de familiares de los principales líderes comunistas chinos, es fruto de una filtración al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés). Este centro sin ánimo de lucro y con sede en Washington, obtuvo de fuentes que permanecen en el anonimato dos bases de datos con casi 30 años de registro de actividad de las compañías Portcullis TrustNet (Singapur) y Commonwealth Trust Limited (Islas Vírgenes Británicas). Ambas empresas son gestoras especializadas en crear estructuras financieras en paraísos fiscales.
La filtración contiene 2.5 millones de archivos con los secretos de 100 mil compañías radicadas en estos refugios. Las últimas fichas corresponden a principios de 2010. Una primera oleada de datos societarios, centrada en firmas vinculadas a países occidentales, se hizo pública el año pasado y destapó numerosos casos de dinero oculto de políticos y magnates, que alcanzaron entre otros al tesorero de campaña de François Hollande.
En enero salieron a la luz los registros relacionados con ciudadanos de China, Taiwan y Hong Kong, que suponen 37 mil nombres, cerca de un tercio del total.
Petrobras se le atraviesa a Dilma
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue reelegida este año tras la campaña más reñida que se recuerde en el país; el destape de la corrupción en la empresa petrolera Petrobras fue el eje de campaña de su rival en la segunda vuelta, Aécio Neves.
Después de que las elecciones mostraran el pasado octubre una sociedad políticamente partida en dos, Rousseff captó el mensaje de las urnas y se comprometió a emprender reformas de carácter político y económico tras dialogar con todos los sectores de la sociedad. En uno de sus primeras declaraciones tras las elecciones, la jefa de Estado, quien fue reelegida con un 51.64% de los votos frente al senador socialdemócrata Aécio Neves (48.36%), subrayó la importancia de la reestructuración política para combatir a la corrupción y la impunidad.
La corrupción fue precisamente la palabra más pronunciada durante la campaña electoral, una de las más disputadas de Brasil, y tomó todavía más fuerza tras los comicios, cuando el escándalo por desvíos millonarios en la petrolera Petrobras se agravó con el arresto de un ex director de la estatal y de ejecutivos de importantes empresas nacionales.
La supuesta corrupción en el seno de Petrobras fue utilizada por la oposición como un arma contra el Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna en el país desde 2003, cuando asumió como presidente por primera vez Luiz Inácio Lula da Silva, padrino político de Rousseff. Neves, quien tras elecciones se comprometió a encabezar una oposición “responsable” pero también “inquebrantable”, arremetió contra el gobierno de Rousseff y denunció que las irregularidades en la estatal están provocando que Petrobras incorpore “una marca perversa”. Además de hacer frente al escándalo que sacude a la mayor empresa de Brasil, la presidenta también viene sintiendo la presión de los oponentes en materia económica, ya que el país tiene un PIB debilitado, una inflación en alza y unas cuentas públicas en rojo.
Desde que Rousseff llegó al poder, la economía brasileña comenzó a dar señales de estancamiento, que el Gobierno ha atribuido al impacto de la crisis global, pero que, según la oposición y el sector privado, responden al “intervencionismo” estatal. Tras registrar una expansión del 7.5% en 2010, el crecimiento de la economía brasileña fue del 2.7% en 2011, de sólo el 1.0% en 2012 y del 2.3% en 2013, y el Gobierno cree que cerrará este año con una expansión del 0,9 %, un pronóstico más optimista que el que esperan los expertos, que lo calculan en torno al 0.20%.
“Le daremos un nuevo impulso a la actividad económica en todos los sectores, en especial el industrial, y quiero para eso una sociedad con todos los sectores productivos y financieros”, declaró Rousseff tras ser reelegida. Para llevar a cabo ese cometido, la presidenta brasileña designó a un nuevo equipo económico, que anunció rápidamente metas concretas de ajuste para contener el gasto público y la inflación, la cual se prevé que cierre el año cerca del techo máximo tolerado por el Gobierno (6.50%).
El nombramiento de Joaquim Levy como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Guido Mantega fue bien recibido por el mercado, que durante la campaña electoral mostró su respaldo a la política de corte más liberal propuesta por Neves, abanderado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
