Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que solicitó la Secretaría de la Defensa un informe sobre los hechos de violencia registrados en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre, donde seis personas murieron y 43 normalistas desaparecieron.

 

El Ombusman visitó las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, donde se entrevistó con los padres de los jóvenes desaparecidos.

 

González calificó los hechos de Iguala como una barbarie  que el gobierno debe investigar y castigar a los responsables.

 

Asimismo, indicó que ya se encuentra abierta una línea de investigación en contra del ex gobernador de la entidad Ángel Aguirre Rivero por los hechos en Iguala.

 

“La colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de su competencia, con los objetivos de conocer la verdad de los hechos, que se haga justicia, que se castigue a los responsables, se conozca el paradero de los jóvenes y no haya represalia por el legítimo ejercicio de la protesta social”, señala el comunicado que dio a conocer el organismo defensor de derechos humanos.

 

Además se retomarán las investigaciones de los hechos en donde también murieron dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol luego de un bloqueo.

 

Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, pidió al presidente de la CNDH actuar en favor de los derechos de los ciudadanos y no del gobierno.

 

A tres meses

 

El pasado 26 de diciembre se cumplieron tres meses desde que 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados y otros tres más fueron lesionados mortalmente por policías municipales de Iguala y soldados. Desde entonces, la Procuraduría General de la República sólo ha podido confirmar o relacionar que los restos humanos localizados en el basurero de Cocula pertenecen a uno de los jóvenes.

 

En la Ciudad de México y en otros estados del país se celebró una nueva jornada de acción global por Ayotzinapa y antes, el 24 de diciembre, los padres organizaron una cena de Navidad frente a la residencia oficial de Los Pinos; su temor era que el gobierno federal aprovechara la temporada decembrina para restarle atención al caso.

 

GH