El 27 batallón de Infantería será investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas la noche del 26 y mañana del 27 de septiembre pasado, dijo el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, tras reunirse en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla, con familiares de los normalistas.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que el organismo ya solicitó un informe a la corporación, y que no se le delegará a ninguna de las visitadurías para poder darle la importancia necesaria, reportaron medios locales.
González Pérez, informó la CNDHA en un comunicado difundido ayer, se comprometió a exigir que se dé con el paradero de los estudiantes.
“La colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de su competencia, con los objetivos de conocer la verdad de los hechos, que se haga justicia, que se castigue a los responsables, se conozca el paradero de los jóvenes y no haya represalia por el legítimo ejercicio de la protesta social”, señala el comunicado que dio a conocer el organismo defensor de derechos humanos.
La comisión investigará las violaciones graves a derechos humanos y, según se comprometió su presidente, dará atención “prioritaria” al caso de Ayotzinapa para determinar las conductas y omisiones en violación de los derechos humanos ocurridas a raíz del caso.
En tanto, los familiares de los estudiantes desaparecidos le pidieron a González Pérez que intervenga para que el gobierno federal no descalifique su movimiento y exigencia de búsqueda de sus hijos.
El pasado 26 de diciembre se cumplieron tres meses desde que 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados y otros tres más fueron lesionados mortalmente por policías municipales de Iguala y soldados. Desde entonces, la Procuraduría General de la República sólo ha podido confirmar o relacionar que los restos humanos localizados en el basurero de Cocula pertenecen a uno de los jóvenes.
En la Ciudad de México y en otros estados del país se celebró una nueva jornada de acción global por Ayotzinapa y antes, el 24 de diciembre, los padres organizaron una cena de Navidad frente a la residencia oficial de Los Pinos; su temor era que el gobierno federal aprovechara la temporada decembrina para restarle atención al caso.