El Grupo Higa “premió a los benefactores de sus empresas con la denominada casa blanca de Las Lomas y con un inmueble exclusivo en Malinalco, afirmó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, secretario de la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Por ello, resulta urgente la constitución de la Comisión que investigue todos y cada uno de los contratos que el gobierno federal ha asignado a las compañías del empresario Juan Armando Hinojosa en el presente sexenio, que fue exigida por más de 200 diputados del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PT.

 

Con su firma, recordó, los legisladores exigieron formalmente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se cree esta Comisión, en términos del artículo 93 de la Constitución, el cual prevé el derecho de una minoría de diputados para constituir comisiones legislativas, expuso Huerta Ladrón de Guevara.

 

De hecho, adelantó, se está en pláticas con varios legisladores para la integración de un grupo de trabajo por parte de los partidos que signaron la solicitud, en caso de que haya retardo a la petición para conformar la mencionada comisión investigadora.

 

“Creo que ahora con todo lo que publican los medios de comunicación, restaría pedirle al gobierno solicite a sus altos funcionarios que antes de que se sepa por medios como The Wall Street Journal, ellos mismos reconozcan sus conflictos de interés con Higa, la empresa favorita del sexenio, la cual -continuó- ha proporcionado facilidades y créditos blandos para la adquisición de bienes inmobiliarios suntuosos y en los lugares más exclusivos del país”.

 

Lamentó que funcionarios públicos como el Auditor Superior de la Federación (ASF), instancia dependiente del Poder Legislativo, se haya adelantado y juzgado “a priori” y sin conocimiento de causa el asunto de la casa blanca, opinando que se trata de “asuntos entre particulares”, por lo que la Auditoría no realizaría investigación alguna.

 

No obstante, argumentó el legislador petista, “el escándalo de la casa blanca y la de Malinalco, es en realidad un abuso de poder en el ejercicio de la gestión de gobierno, en donde funcionarios han hecho negocio con una empresa contratista del Estado”.

 

A su vez, indicó, los empresarios beneficiados “no han tenido empacho en premiar al gobierno con créditos inmobiliarios preferentes que ya quisiera la mayoría de los ciudadanos, que no tienen otra opción que la de solicitar créditos leoninos a los bancos, o esperar a salir sorteados a través de créditos del IMSS o ISSSTE, y tener que pagarlos en plazos de 20 a 30 años, a diferencia de los gobernantes que los pagan al cash”.  DM