En los últimos cinco meses Procuraduría General de la República (PGR) inició 475 averiguaciones por denuncias de delitos electorales en todo el país, cuya investigación es responsabilidad de una fiscalía que… no tiene fiscal.
En julio de este año el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Alfredo Orellana Moyao, renunció a su cargo. El funcionario argumentó que daba paso para que el Senado nombrara a un nuevo fiscal como marca la reforma política aprobada en la primera mitad del año.
El plazo legal establecido para que se nombrara un fiscal concluyó y 25 semanas después esto sigue sin ocurrir. Pero lo que sí pasó fue la presentación de decenas de nuevas denuncias que, además, se prevé aumenten de forma exponencial en 2015, como ha ocurrido en los años en que se celebran comicios de orden federal en el país.
De acuerdo con autoridades de la PGR más de 6% de los casos corresponden a situaciones relacionadas con falsificación de documentos electorales como las credenciales del IFE, situación que también corresponde a la FEPADE investigar.
A los casos nuevos que se iniciaron sin fiscal se suman los otros abiertos en la primera parte del año. En total, de enero a noviembre de este 2014 se iniciaron mil 524 averiguaciones previas por delitos electorales, según la estadística oficial de la PGR.
El estado de México concentró la mayor incidencia con 584 averiguaciones previas, que equivalen a 38% del total nacional. Le siguieron Sonora con 299 denuncias en el año y Michoacán con 174.
Además, la FEPADE arrastra investigaciones pendientes en procesos electorales anteriores cuyo resultado se desconoce, entre ellas asuntos de alto impacto como fue el del llamado caso Monex relacionado con financiamiento presuntamente irregular en la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Por otro lado y según datos oficiales, la FEPADE cuenta con aproximadamente 75 órdenes de aprehensión que tiene pendientes por cumplimentar en contra de probables responsables de delitos electorales.
Relevo postergado
Luego de la renuncia de Orellana a su cargo al frente de FEPADE, la PGR colocó a encargados del despacho en la fiscalía, sin embargo está imposibilitada para nombrar a un nuevo fiscal pues esa facultad le corresponde al legislativo.
El Artículo 18 Transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral probada a principios de año, estableció que será el Senado el que “nombrará por votación de dos terceras partes al titular de la FEPADE”. El Gobierno Federal podrá objetar dicho nombramiento.
En mayo, en los artículos transitorios de la Ley General en Materia de Delitos Electorales se estipuló que el Senado contaba con 60 días naturales para realizar este nombramiento, plazo que concluyó desde julio.
Hace unos días el Senado planteó la posibilidad de nombrar ahora sí al fiscal, sin embargo el 15 de diciembre trascendió que las negociaciones entre los legisladores se habían complicado. Incluso el senador Rodolfo Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que existía preocupación por el asunto.
“Estamos insistiendo que debe salir; nos preocupa mucho que esté dilatando el tema porque ya empezó el proceso electoral federal y no hay responsable en el área de delitos electorales”, señaló.
Finalmente los senadores clausuraron el periodo sin que se hiciera este nombramiento. El periodo ordinario en el Senado inicia en febrero de 2015.
1,524
averiguaciones se abrieron en la Fiscalía de enero a noviembre de 2014, según la estadística oficial de la PGR.
75
órdenes de aprehensión, aproximadamente, tiene pendientes de cumplimentar la FEPADE