Mario Alberto Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán acudir al Congreso de la Unión a comparecer sobre el tema de los afectados por la sociedad financiera popular Ficrea.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, afirmó en entrevista que solicitará la comparecencia ante la Comisión Permanente a fin de que ambos funcionarios públicos expliquen por qué evitaron alertar a tiempo a las miles de víctimas de la firma.
Precisó que la Procuraduría General de la República debe investigar a fondo, castigar a los socios y directivos principales de la Sociedad Financiera Popular, particularmente al socio mayoritario, Rafael Antonio Olvera Amezcua.
Detalló que este empresario es presunto responsable de triangular y desviar recursos económicos hacia gastos personales, lavado de dinero y diversos delitos financieros y fraude.
El líder perredista recordó que en el marco de la reforma financiera se dotó de mayores facultades a la Condusef, entre ellas la creación de un Buró de Entidades Financieras, relativo a los productos que ofrecen, sus comisiones y tasas, prácticas, sanciones administrativas y reclamaciones.
Precisó que esta reforma también otorgó mayores atribuciones a la CNBV para vigilar y supervisar a los bancos, proteger a los usuarios y al sistema financiero en su conjunto.
“Lamentablemente en este el primer gran caso de fraude que involucra a un prestador de servicios financieros después de la reforma, ni una ni otra institución cumplió con su responsabilidad, en consecuencia, una gran parte de los seis mil 800 ahorradores corre el riesgo de no recuperar totalmente sus recursos o al menos pasará un largo tiempo para poder acceder a ellos”, acusó y dijo que su fracción busca proteger a los ahorradores.
Comments are closed.