El próximo lunes concluye el segundo periodo de arraigo que un juez concedió en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su presunto vínculo con el crimen organizado y la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República (PGR) prevé solicitar una orden de aprehensión.
De acuerdo con la principal línea de investigación de la averiguación previa SEIDO PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, la ex primera dama de Iguala era uno de los principales contactos del grupo criminal Guerreros Unidos en la región de Tierra Caliente y sirvió de nexo con funcionarios locales.
Fue esa influencia la que aprovechó Ángeles Pineda para ordenar en complicidad con su esposo que los normalistas de Ayotzinapa fueran atacados por policías municipales la noche del 26 de septiembre.
Esta tesis se conoce desde antes de que la ex pareja presidencia de Iguala fuera detenida en noviembre. No obstante, a la PGR le ha tomado casi 60 días de arraigo el reunir la información necesaria que le permita proceder en contra de Pineda.
Fuentes ministeriales consultadas por 24 HORAS indicaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) cuenta con evidencia suficiente para proceder en contra de Pineda Villa por sus vínculos delictivos, y las pruebas finales que se reunieron fueron respecto al tema de lavado de dinero y el plagio de los normalistas.
En ese contexto, el procedimiento será solicitar a un juez una orden de aprehensión en su contra, por lo menos por el delito de delincuencia organizada, para que pueda levantarse su arraigo y sea trasladada a un centro penitencial federal en donde se iniciaría su proceso.
Será decisión del juez correspondiente valorar el pliego de consignación (de acusaciones y pruebas preliminares) que presente la SEIDO y en su caso conceder o negar la referida orden.
En octubre trascendió extraoficialmente que el Ministerio Público intentó pedir una primera orden de aprehensión en vez de la de arraigo para Pineda, pero un juez federal la negó. La dependencia presentó un recurso de inconformidad pero un tribunal federal unitario, con sede en Tamaulipas, revisó el caso y el 12 de diciembre ratificó la negativa.
La PGR no ha reconocido de forma pública esta situación e incluso en su momento, en una conferencia de prensa por el caso Iguala, el procurador Jesús Murillo Karam negó que les hubieran negado la referida orden de arresto.
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