La reforma en materia del Mando Único Policial enviada por el Ejecutivo federal al Senado y la intervención de la Federación en municipios infiltrados por el crimen, deben analizarse de forma urgente en el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero.

 

Ello con el fin de revertir los altos niveles de violencia, delincuencia, corrupción e impunidad que existen en cientos de alcaldías del país, dijo Arturo Zamora Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

 

En entrevista, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que México se encuentra difícil disyuntiva en el ámbito municipal y de seguridad.

 

Sostuvo que las circunstancias actuales obligan a todas las fuerzas políticas y bancadas a admitir que la debilidad de las estructuras policiales y administrativas en algunos municipios país están sirviendo de plataforma para actividades del crimen organizado.

 

“No podemos cerrar los ojos desde el Senado y simular que no hay un grave problema en un porcentaje importante de municipios del país. No de ahora, sino desde hace por lo menos una década. No podemos darnos el lujo de aventurar que bajo el actual marco constitucional existen las condiciones necesarias y suficientes para enfrentar con éxito el crimen organizado”.

 

Zamora Jiménez opinó que es necesario reconocer que el modelo policial previsto en la Constitución está agotado y colapsado, porque la prevención del delito, hoy reducida a nulidad, es un componente fundamental en el combate al crimen en todas sus formas.

 

En este sentido es claro que la reforma constitucional que envió el Ejecutivo hace unas semanas pretende el establecimiento de un Mando Unico Policial Estatal, donde existan más controles en la actuación y operación de los uniformados en los más de dos mil 400 municipios del país.

 

Recordó que también plantea la asunción total o parcial de las funciones de los municipios cuando se adviertan indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales.

 

“Hoy en día, al menos 600 municipios de nuestro país carecen de corporación policial y sólo 14 estados tienen el ciento por ciento de cobertura total”, sumado a que otro porcentaje importante tiene una marcada incompetencia operativa derivada de las precarias condiciones en que se hallan sus recursos humanos y su equipamiento.

 

Subrayó que la reforma no afecta la soberanía municipal o estatal, pues los primeros seguirán siendo autónomos para administrar libremente su hacienda y prestarán los servicios públicos que tradicionalmente han suministrado, a excepción de la seguridad pública, la cual será competencia de los gobiernos de los estados.

 

El priista agregó que este tema debe ser prioritario para todas las bancadas en el Senado en el próximo periodo de sesiones y ser objeto de una rigurosa reglamentación en las leyes secundarias que expedirá en Congreso de la Unión, donde serán escuchadas todas las voces.

MG