La carencia de una política de seguridad de estado, la falta de cooperación entre autoridades y en muchos casos encubrimiento ante la operación de grupos delincuenciales, así como las condiciones geoestratégicas ubican a México entre los países donde el crimen organizado afecta más en cuanto a niveles de violencia y corrupción comparado con otras naciones y regiones de América latina.
Tanto en nuestro país como en la región andina y Centroamérica han sido zonas gravemente vulneradas por “una violencia altísima asociada a los grupos criminales donde los estados no tienen la capacidad para contenerla”, advierte el Anuario de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe de 2014.
Dentro del documento, en el aparatado “Los retos de la clase política mexicana frente a la seguridad y la delincuencia organizada”, se señala que las rivalidades y la falta de coordinación y cooperación entre las instituciones federales encargadas de la seguridad del país no han podido dar solución a la situación de violencia que prevale en varias regiones del país.
Lamentable herencia
Aunque el análisis de Luis Astorga Almanza, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, refiere que el tráfico de drogas en México nació subordinado a la política desde los tiempos de la Revolución y se mantuvo así durante décadas; actualmente “la ausencia de una visión y una política compartida por todas las fuerzas políticas en asuntos de seguridad” ha propiciado graves consecuencias.
“El poder político fragmentado, la ausencia de una visión y una política compartida por todas las fuerzas políticas en asuntos de seguridad, en suma, la inexistencia de una política de seguridad de estado, es una condición que ha hecho posible un mayor grado de autonomía de policías, militares y traficantes respecto del poder político”, advierte el experto en el análisis incluido en el documento.
El especialista indica que desde la administración panista de Felipe Calderón, en México dichas circunstancia provocaron “graves problemas” que se reflejaron en: la falta de eficacia para contener a las organizaciones criminales, disminuir su poder y reducir la violencia.
En esta tendencia se advierte que la problemática actual del gobierno de Enrique Peña Nieto radica en que “no se ha podido ni se podrá modificar a corto plazo el papel central de las fuerzas armadas en la estrategia contra las organizaciones criminales”.
“El regreso del PRI a la presidencia en 2012, luego de 12 años de gobiernos panistas, marcó el retorno de prácticas de centralización en asuntos de seguridad”, señala Astorga Almanza.
El investigador indica que la falta de eficacia para contener la violencia en ambas administraciones ha dado lugar a que en varios estados del país, particularmente en Michoacán, se registrara una descomposición del tejido social, la usencia de una autoridad capaz de contener los brotes de grupos criminales y paramilitares.
Como son las organizaciones de tipo “mafioso-paramilitar”: La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios; las “policías comunitarias surgidas en Nurio, Cherán y Urapicho, así como los autodefensas conformadas en febrero de 2013, a quienes Astorga también señala como grupos paramilitares.
A la fecha la ineficacia de políticas públicas y estrategias en materia de seguridad mantiene a la entidad en la convergencia de todos esos grupos, remata.