Los 10 policías de Iguala detenidos la semana pasada en el marco de la investigación por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, son sospechosos de haber participado o encubierto el operativo policial contra las víctimas. Con ello, suman casi 60 los agentes posiblemente involucrados, pero faltan más.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que existen al menos cinco órdenes de localización o aprehensión que aún no se han cumplimentado en contra de agentes policiales locales, siendo la más relevante de ellas la de Felipe Flores, ex director de Seguridad Pública Municipal de Iguala.
En contraste, de acuerdo con las fuentes consultadas, no hay acusaciones ni órdenes de aprehensión por este caso en contra de agentes estatales o federales, ni efectivos de las fuerzas armadas.
Los 10 agentes municipales asegurados la semana pasada, confirmaron autoridades federales a 24 HORAS, contaban con orden de localización de la PGR, por lo que personal ministerial de esta dependencia se encargó de su aseguramiento. Hubo apoyo secundario de Policía Federal sólo para el traslado.
Los detenidos fueron Alfredo Arellano Holanda, Justo Neri Espinoza, Esteban Landa Ocampo, Gerardo Delgado Mota, Natividad Elías Moreno, Ubaldo Toral Vences, Jesús Ricardo Barrios Villalobos, Jorge García Castillo, Matías González Domínguez y Agustín Bello Cuevas.
A todos se les trasladó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en donde los fiscales los interrogaron por los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre así como a la cadena de mando y las órdenes recibidas del entonces alcalde José Luis Abarca y del jefe policial Felipe Flores.
En la PGR indicaron que la mayoría de los agentes se reservó su derecho a rendir declaración ministerial.
Masiva complicidad
La colaboración de numerosos agentes de policía con delincuentes no es una situación nueva en México. Incluso, hay un caso ya durante el actual sexenio que supera en cantidad de oficiales detenidos al de Ayotzinapa.
El 18 de enero de 2013 agentes estatales y federales detuvieron a 158 policías municipales de Durango, entre ellos al secretario de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Víctor Cordero Giorgiana, y al director de Seguridad Pública de Lerdo, Andrés Balderas Pérez. La fiscalía del Estado señaló que estos uniformados colaboran con el Cártel del Pacífico.
Recientemente se reveló también que en el secuestro y homicidio de migrantes en San Fernando Tamaulipas, hubo complicidad de policías locales que fungían como halcones.