María de los Ángeles Pineda Villa subió ayer a la rejilla de prácticas en el penal de Nayarit para escuchar las imputaciones que le hace el Ministerio Público federal por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud, y uso de recursos de procedencia ilícita , sin embargo, ella se reservó su derecho a declarar.

 

A través de una videoconferencia, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México realizó la diligencia donde se le hizo saber a la esposa de José Luis Abarca Velázquez, los hechos que se le imputan por sus vínculos con la delincuencia organizada.

 

Para tal efecto fue habilitado un juzgado en el Penal Femenil Federal de Nayarit, donde fue recluida la esposa del ex alcalde de Iguala, señalada como posible autora intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

Después de escuchar los cargos y negarse a declarar, la presunta responsable solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar las pruebas a su favor y evitar el auto de formal prisión.

 

Asimismo, y como último recurso ante su inminente consignación, Pineda Villa presentó un nuevo amparo en contra de la consignación al penal femenil federal en Nayarit por considerarlo violatorio de sus derechos humanos.

 

A través del juicio 3/2015, presentado el cinco de enero, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales le otorgó la suspensión de plano contra los actos privativos de la libertad e incomunicación, sin embargo, se prevé que se cancele (sobresea) al haber causado ejecutoria la orden de aprehensión en su contra.

 

Pineda Villa reclamaba al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los “ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial e incomunicación”.

 

Como se recordara, con base a las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de los Guerreros Unidos, señaló al alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles; a ésta última incluso la identificó como parte de su organización y principal operadora desde el gobierno municipal, como los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas.

 

Reconoció que el alcalde le entregaba mensualmente entre dos y tres millones de pesos, 600 mil de los cuales los utilizaba para mantener bajo control a la policía de Iguala; además reconoció tener tratos similares con otros alcaldes.