Ya sea por su probable responsabilidad u omisión ante la desaparición del periodista y activista veracruzano, Moisés Sánchez Cerezo, ocurrida el viernes pasado, al menos dos elementos de la policía municipal de Medellín de Bravo fueron requeridos ante las autoridades como parte de las indagatorias para dar con el paradero del comunicador.

 

La madrugada de ayer, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz cumplimentó una orden de presentación en contra de dos policías, que se suman a los testimonios de alrededor de otros 10 uniformados sobre de la desaparición forzada del director y editor del semanario La Unión.

 

Fuentes de la dependencia estatal consultadas por este diario refirieron que se tienen 48 horas, a partir de ayer, para determinar si existe alguna responsabilidad en contra de los elementos o en todo caso otorgarles su libertad. Sin embargo, no precisaron qué línea de investigación los llevó a retener a los municipales.

 

“No es propiamente porque tengan algo qué ver, o sea los probables responsables de la sustracción de esta persona (Moisés Sánchez), pero las diligencias que conlleva localizarlo están en proceso”, señalaron las fuentes consultadas.

 

Funcionarios estatales cuestionados acerca de que si el hecho de retener policías tuviera relación o robustecía la denuncia hecha por la organización Artículo 19 sobre las amenazas previas del alcalde Omar Cruz Reyes en contra de Moisés previó a su desaparición, rechazaron abordar el tema, e indicaron que “la indagatoria estaba abierta”.

 

El hecho de la retención de los elementos fue confirmado por la propia PGJE a través de un comunicado como parte del informe de avances del caso, luego de cuatro días de que familiares del comunicador denunciaron que un comando había irrumpido en su casa y se lo llevaron a la fuerza, junto con objetos personales como su teléfono móvil y su computadora.

 

“La correcta integración de la Investigación Ministerial 17/2015, propició la noche de ayer (domingo) la orden de retención de los elementos de la policía municipal de Medellín (…) Esta orden de retención permitirá a las autoridades ministeriales enriquecer las investigaciones para esclarecer la desaparición”, informó la dependencia.

 

Ante la situación, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a través de su presidente Gustavo Mohme, expresó su preocupación por la desaparición de Sánchez e instó a las autoridades federales a “investigar y garantizar el rescate rápido y seguro del periodista”.

 

En un comunicado, la SIP se pronunció en favor de la labor de denuncia que realizaba Moisés al frente del semanario La Unión, el cual calificaron como una publicación dedicada a informar “las actividades vecinales para defenderse de la violencia, el incremento de la delincuencia, la inseguridad y la falta de acción del gobierno local para hacer frente a estos problemas”.

 

El hecho que al arranque de año se registren este tipo de crímenes, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, también hizo un llamado a las autoridades debido a que como el caso de Moisés podrían implicar “indicios de que los actos de violencia contra los periodistas continuarán” este año. El organismo recordó que durante 2014 fueron asesinados cinco periodistas en México, entre las víctimas estuvo Gregorio Jiménez de la Cruz, periodista también de Veracruz.

 

De acuerdo con organizaciones civiles en defensa de la libertad de expresión y defensores de derechos humanos, la entidad gobernada por Javier Duarte acumula el mayor número de atentados en contra integrantes del gremio periodístico. De acuerdo con informes de Artículo 19, del año 2000 a la fecha suman 15 periodistas asesinados, sin que ninguno de los casos se hay resuelto en su totalidad.