DALLAS. Si el presidente Peña Nieto llega preparado y sin inhibiciones a su encuentro con el presidente Obama, entonces tendría todo a su favor: la Casa Blanca podría enarbolar el tema de los derechos humanos en México pero podría respondérsele con el reciente reporte del Senado sobre el uso legalizado de la tortura para obtener confesiones de detenidos en EU.
La agenda de conflictos entre los dos países tiene a Washington como parte del problema de Obama: deportación de migrantes, consumo de droga vía legalización, crisis económica y desempleo que no repuntan, fracaso en la lucha terrorista y sobre todo violación de derechos humanos.
Por primera vez Washington carecería de argumentos reales y formales para reprender a México. Ni siquiera en los casos de violaciones mexicanas de derechos humanos porque a mediados del año pasado Obama aprobó un programa para usar a las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo dentro del territorio estadunidense sin garantizar derechos constitucionales.
Y el presidente mexicano tendría a su favor el argumento de que la Casa Blanca ha obligado a México a sumarse al programa de espionaje, como lo reveló en 2009 el investigador James Bamford en su libro The shadow factory. The ultra-secret NSA (National Security Agency o Agencia de Seguridad Nacional) to the eavesdropping on America o el programa de espionaje a ciudadanos civiles, que ha incorporado a Teléfonos de México en el espionaje telefónico para EU, aprovechando la corrupción mexicana que los estadunidenses condenan en público pero usan en privado.
Y el presidente Peña Nieto tendría argumentos para rechazar la injerencia de la Casa Blanca en el tema de la agresión contra periodistas sacando a colación el tema del reportero James Risen, especialista en The New York Times en temas de seguridad, que el lunes podría ser citado por un juez a petición del Departamento de Justicia para revelar sus fuentes de información en su denuncia del espionaje masivo vía la NSA. Risen fue indiciado por el gobierno de Bush pero perseguido judicialmente por el gobierno de Obama y podría ir a la cárcel porque se va a negar a revelar sus fuentes. La historia la cuenta el propio Risen en su reciente libro Pay any Price. Greed, power, and endless war (Pagar cualquier precio. Codicia poder y guerra sin fin).
La Casa Blanca carece de autoridad para cualquier reclamo a México, aunque paradójicamente los críticos mexicanos se aferran hasta del factor imperialista de Washington para afectar al gobierno de Peña Nieto. El día en que Obama condenó los crímenes de Ayotzinapa y ofreció el apoyo de Washington para “mejorar el sistema de justicia criminal” se dio a conocer el reporte del Senado estadunidense revelando el uso de la tortura por a CIA para obtener confesiones. A menos, claro, que los críticos mexicanos quieran violar, como el gobierno de Obama, los derechos humanos para obtener confesiones de los presuntos responsables del secuestro de 43 normalistas.
De ahí que el presidente Peña Nieto tiene argumentos para impedir el activismo injerencista de EU en México e impedir que la Casa Blanca se convierta en un aliado de los críticos mexicanos que usan el intervencionismo estadunidense para debilitar al Estado mexicano.