Por sus últimas declaraciones, cualquiera podría pensar que el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, pasó a ser miembro del equipo oficial de “ilusionistas” que recorren el mundo pregonando que el mexican moment sigue vivito y coleando.
Por diversos medios de comunicación mexicanos –con motivo de la presentación del Estudio Económico de México 2015, elaborado por ese organismo– Gurría dijo que México tiene ahora una oportunidad única de elevar significativamente sus tasas de crecimiento económico y asegurar una convergencia de su nivel de vida con el de los países avanzados de la OCDE. Lo único que necesita es reducir la informalidad elevada en el mercado laboral y disminuir los altos niveles de pobreza y desigualdad. ¡Ya la hicimos!, exclaman los escépticos.
El ex secretario de Hacienda en la administración de “Zedillín” insiste en que “las impresionantes reformas estructurales” pueden tener un impacto económico importante, aunque para ello deberán ser acompañadas por acciones decisivas para mejorar el funcionamiento de las instituciones judiciales, fortalecer el Estado de derecho, atender los problemas de seguridad y combatir la corrupción.
Si se implementan a plenitud, estas reformas podrían aumentar la productividad y la inversión, al elevar la tendencia del crecimiento del PIB per cápita anual en hasta un punto porcentual adicional durante la próxima década, y aunadas a la recuperación global, pueden generar un crecimiento anual que alcance hasta 4% en los próximos años, pronosticó José Ángel. Y al borde del éxtasis señaló que podría aumentar otro puntito al año.
Pero no todo va a ser “coser y cantar”, quiso decir Gurría. Existen algunos riesgos a mediano plazo, derivados de la disminución de los precios del petróleo y el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, advirtió. Si bien es cierto que en el corto plazo México está protegido por su marco de políticas y su mecanismo de cobertura financiera, será necesario emprender acciones adicionales para reducir la alta dependencia de los ingresos petroleros y mantener las finanzas públicas sobre una base sólida. ¿Así nomás, apá?, le cuestionan algunos especialistas.
Otra condición importante para alcanzar esos espectaculares crecimientos económicos, es reducir la desigualdad del ingreso y de las oportunidades, así como el combate a la pobreza. “Es necesario que los beneficios del crecimiento económico sean compartidos por el grueso de la población y no se concentre entre unos pocos”, remató José Ángel.
Por cierto, el secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, agradeció a Gurría el estudio de la OCDE sobre México, así como las sugerencias. Según los malosos también le dio la bienvenida al equipo oficial de “ilusionistas”.
AGENDA PREVIA
Dijimos ayer que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia favorable al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) en la controversia que desde hace más de 13 años mantenía con Enrique Molina Sobrino, dueño de CAZE, por la expropiación de nueve ingenios azucareros. Con este fallo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes podrá vender las fábricas azucareras sin problema alguno, agregamos.
Hoy precisamos que fue un Tribunal Colegiado quien negó el amparo presentado por Enrique Molina contra el Acuerdo de Desincorporación de Ingenios publicado por la Secretaría de la Función Pública el 23 de julio del 2012, en donde efectivamente condicionaba la venta de los ingenios en cuestión, hasta que el gobierno acreditara la conclusión del juicio de reversión de la expropiación presentado por CAZE.
El SAE y el FEESA apelaron la decisión del juzgador ante un Tribunal Colegiado quien le negó el amparo a CAZE y emitió una fallo quitando la prohibición de la venta de las fábricas, por lo que, como decíamos ayer, el SAE ya podrá licitar los 9 ingenios cuando quiera.
El recurso de reversión contra la expropiación de ingenios de CAZE (decretado el 2 de septiembre del 2001), efectivamente se encuentra en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tendrá que resolverlo, no se sabe cuándo, pero lo resolverá. Vale.