La Cámara de Diputados se reporta lista para continuar este año su trabajo con igual intensidad y alcanzar los resultados positivos que demandan urgentemente los ciudadanos, afirmó el legislador federal Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI).
“Al iniciar este año, nuestra prioridad es avanzar en el tema de combate a la corrupción”, indicó el líder de la bancada tricolor, en referencia a las reformas necesarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Sabemos que ésta (la corrupción) y la impunidad que la acompaña, preocupan e irritan con justificada razón a la población, ya que además de mermar la confianza ciudadana, por el abuso de poder que significa, daña la actividad productiva y fomenta la desigualdad y la pobreza”, agregó.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que los diputados priistas han propuesto avanzar en los acuerdos parlamentarios correspondientes durante este mes de enero, “con la intención de que al comenzar el periodo ordinario de sesiones en febrero próximo, consigamos la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción”.
“Por ello –subrayó- consideramos las propuestas de las distintas fuerzas políticas, así como la que también hizo el presidente Enrique Peña Nieto y que presentó el pasado 27 de noviembre, en el contexto del decálogo por un México en paz, con justicia y desarrollo”.
El legislador por Sonora señaló que el objetivo es contar pronto con un sólido conjunto de instituciones y contrapesos que, con la ayuda de un esquema de vigilancia y denuncia ciudadanas, permitan consolidar el Estado de derecho y la vigencia plena de la ley, que tanto se necesita en México.
El primero es integrar una Fiscalía Anticorrupción que forme parte de la nueva Fiscalía General que reemplazará a la actual Procuraduría General de la República, además de que modificaremos la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio y aplicarla en los casos de enriquecimiento ilícito que se logren detectar.
El segundo gran aspecto de este sistema es tener un Tribunal Fiscal y Administrativo que no sólo obligue a los funcionarios a rendir cuentas, sino que también aplique las sanciones administrativas que correspondan y merezcan quienes transgredan la ley, es que los servidores públicos son los primeros obligados en cumplir con los mandatos legales.
El tercer punto será consolidar una Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades de investigación y sanción, y que esto sea materia cuando se detecten irregularidades en las auditorías que realiza, ya que actualmente no tienen la contundencia ni regularidad necesarias.
Como cuarto punto mencionó la necesidad de tener una Secretaría de la Función Pública con nuevas atribuciones, que será la instancia que tome medidas y se ocupe de prevenir las irregularidades en la administración pública de los tres niveles de gobierno y en todos los órganos del Estado mexicano.
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