En un intento por “salvar el pellejo” y evitar que la opinión pública siga sospechando que en las licitaciones, subastas y contrataciones de obra pública existe un alto grado de corrupción, el secretario de Comunicaciones y Transportes firmó con la OCDE un acuerdo para fomentar la integridad, la transparencia y las buenas prácticas de contratación pública en dos de los principales proyectos de infraestructura del sexenio: El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el tren de alta velocidad México-Querétaro.
¿De verdad el secretario Gerardo Ruiz Esparza cree que con la firma de ese acuerdo la sociedad va a quedar satisfecha de que ya no habrá transas?
Algunos observadores políticos se quedaron perplejos por el anuncio del mencionado acuerdo, porque, según ellos, significa que la palabra del secretario está más devaluada que el peso frente al dólar. Y explican:
El 4 de noviembre del año pasado –un día después de que se anunció que el consorcio China Railway Construction Corporation había ganado la licitación pública para construir el tren México-Querétaro–, el mismísimo Ruiz Esparza dio a conocer una iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual, dijo, tiene el propósito de mejorar los procesos de contratación y administración de la obra pública federal con prácticas más claras; contiene propuestas que fortalecen y simplifican el marco jurídico que regula la obra pública, con disposiciones que hacen más ágiles y transparentes los procedimientos de licitación, contratación, ejecución y terminación de las obras, así como nuevas figuras que brindarán mejores elementos para la toma de decisiones de los servidores públicos. Se incorpora el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante, estableciendo criterios para clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada.
Se incorpora la figura de gerencia de proyectos, que posibilitará contratar servicios integrales de planeación, organización y control de la obra en todas sus fases; se promueve el uso de Compranet como la principal herramienta informática para llevar a cabo los procedimientos de licitación y se convierte en un mecanismo exclusivo de información pública en la materia.
Se establece también la bitácora electrónica, cuyo uso será obligatorio como medio de comunicación entre las partes y quedará como un testimonio indeleble que permitirá el seguimiento de las obras, tanto a las dependencias contratantes como a las autoridades de contraloría y fiscalización. Se incluye igualmente la firma electrónica como medio para agilizar los procedimientos. Con la publicidad del proceso en su conjunto, mediante medios en línea, se cierran posibilidades de discrecionalidad, dilaciones e incluso se reducirán gastos de traslado y producción de impresos.
Se reducen a un máximo de dos las juntas de aclaraciones a realizar en los procesos de licitación, lo que impedirá que éstos se prolonguen innecesariamente, dándose mayor rapidez a las contrataciones públicas, evitándose retrasos. Se definen los actos que dan inicio y concluyen los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, y de adjudicación directa, estableciéndose, por primera vez, reglas para adjudicar directamente una obra.
La iniciativa propone que la Secretaría de la Función Pública emita lineamientos que precisen la metodología para realizar investigaciones de mercado cuando éstos se requieran. En aras de profesionalizar los trabajos de supervisión externa, se establece responsabilidad civil para empresas supervisoras que incumplan con sus obligaciones. En casos de rescisión o terminación anticipada de contrato, se propone que en un plazo razonable la autoridad notifique al contratista una resolución fundada y motivada que contenga el finiquito correspondiente, sin menoscabo de los derechos de impugnación del afectado. Propone también métodos alternativos de solución de controversias, como lo es el peritaje y la conciliación…
Hasta aquí parte de la presentación del secretario Ruiz Esparza de la mencionada iniciativa.
La pregunta de los observadores perplejos es: ¿Por qué si esta iniciativa que el Ejecutivo envió al Legislativo hace un par de meses pretendía transparentar los procedimientos, el gobierno se vio en la penosa necesidad de contratar a la OCDE para que le diera consejitos de cómo hacerle para evitar el sospechosismo de la corrupción?