WASHINGTON. La fractura hidráulica en el Golfo de México está bajo la lupa de las organizaciones ecologistas de Estados Unidos, que esta semana denunciaron al gobierno por no informarles sobre las actividades que las empresas petroleras llevan a cabo en esta cuenca oceánica para extraer gas y petróleo.
El gobierno “mantiene a las comunidades locales en la oscuridad sobre dónde, cómo y cuándo” se utiliza la fractura hidráulica en el Golfo de México, afirmó el Centro para la Diversidad Biológica en la denuncia que interpuso ante un juzgado federal en Washington, D.C.
Según los datos del organismo, las extracciones estarían produciéndose en el litoral así que las más afectadas podrían ser las comunidades costeras del Golfo. Además, alerta de los riesgos de esta técnica que consiste en fracturar mediante agua a presión mezclada con arena y químicos las zonas rocosas del subsuelo en las que se encuentran recluidos el gas y el petróleo.
“En el golfo de México no hay transparencia y no sabemos qué está ocurriendo, qué químicos se mezclan con el agua para romper las rocas o si la fractura hidráulica está causando terremotos”, explicó la doctora en Ciencias Climáticas Shaye Wolf, que trabaja para la organización.
Los científicos coinciden en que queda mucho por investigar, aunque lo cierto es que la controversia sobre los impactos medioambientales de la fractura hidráulica crece en paralelo con su “boom” económico, que convirtió a Estados Unidos en 2014 en el país exportador neto de petróleo, algo que no ocurría desde 1995.
No obstante, en ese país se mantiene el debate, y la situación depende de cada estado. Vermont fue el primero que prohibió la práctica, y le siguieron Nueva York y Maryland.
Argentina tiene los terceros recursos más grandes del mundo de gas no convencional, después de China y Estados Unidos, según la Administración de Información sobre Energía de este último.
En Francia esta práctica es ilegal, al igual que en Bulgaria. En Alemania un proyecto de ley para prohibirlo fracasó, pero Renania del Norte-Westfalia, el estado más rico en este recurso, declaró una moratoria. En el Reino Unido se levantó una moratoria en diciembre pasado y en España algunas provincias, como Cantabria, están en el proceso de prohibir estas explotaciones.
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