La Comisión Nacional de Derechos Humanos reclasificó el expediente del caso Tlatlaya como una investigación de “violaciones graves” a los derechos humanos, a fin de que las autoridades federales y mexiquenses lo tomen en cuenta en su respuesta a la Recomendación 51/2014.

 

Más que un recurso de índole legal, explicó la CNDH, las implicaciones de esta reclasificación son un señalamiento para las autoridades involucradas de que la investigación tiene mayor importancia.

 

“Las consecuencias demuestran que es un hecho grave, es poner al nivel de donde debe de estar. Simplemente es para que las autoridades sepan que para la CNDH es una investigación grave, es poner el asunto en su exacta dimensión. No hay ninguna implicación jurídica, pero sí tiene que ver con lo político, es en este nivel donde es importante por la profundización de las investigaciones, es una forma de decirles a las autoridades que no sean omisos, que es un delito grave, que se investiguen”, dijeron fuentes de la CNDH a 24 HORAS.

 

Dicha reclasificación fue ordenada por el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, mediante el acuerdo CNDH/2/2014/5390/Q para que fuera notificada a los titulares de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República y del gobierno del Estado de México.

 

La recomendación 51/2014 se emitida el 21 de octubre de 2014 luego de que una investigación por los hechos del 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, donde aconteció un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y un grupo de presuntos delincuentes, con saldo de 22 civiles muertos.

 

Al conocer el caso, la Comisión ejerció su atribución constitucional y la Ley de la CNDH de atracción de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.

 

Tras la investigación, la CNDH acreditó hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

 

Dentro de la recomendación también se pide la liberación de dos mujeres detenidas (lo cual ya se cumplió), además de la reparación de daños a víctimas, mejor capacitación a personal de la Sedena y a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, entre otras cosas.