Ante legisladores de la Cámara de Diputados, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal en Michoacán reiteró que la situación de violencia en el estado registraba mejoras a un año de instalada la estrategia; al mismo tiempo, afuera del recinto, manifestantes exigieron la salida del funcionario, a quien acusaron de empeorar la seguridad de los michoacanos.
La falta de detenciones de integrantes del crimen organizado, particularmente de Servando Gómez, alias La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, los asesinatos ocurridos recientemente en Apatzingán, el mal uso de recursos públicos, la ruptura en los grupos de autodefensas, e incluso la permanencia de la comisión en el estado, fueron algunos de los temas que los diputados pusieron sobre la mesa de trabajo.
En tanto, las mismas inquietudes eran desbordadas por un centenar de personas a las afueras de San Lázaro, donde el alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, y la esposa del ex líder de autodefensas, José Manuel Mireles acusaban a El Virrey (como sus detractores lo apodan) de haber actuado a favor de algunos, lo cual derivó en una crisis de seguridad que persiste.
“Las cosas en Michoacán están peor y no habrá las condiciones para que lleven a cabo las elecciones, por más que quieran engañar al pueblo, por más que quieran maquillar las cosas, por más que callen a los medios de comunicación y a los mexicanos”, advirtió Valencia en entrevista con 24 HORAS.
No pagan derecho de piso
Mientras tanto, al interior del llamado salón verde del palacio legislativo, Castillo Cervantes inició su discurso al abordar que pese a deficiencias como la carencia de policías, y los 10 años de abandono en el que se encontraba Michoacán, actualmente había indicadores “más allá de la estadística, del debate, que se muestran por sí solos” y reflejaban un estado diferente.
Según lo expuesto por el funcionario, a un año de instalada la comisión, Michoacán se ubica en el lugar 15 de la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en el país. Reiteró que delitos como el secuestro y la extorsión se redujeron al grado de que “ya no se paga el derecho de piso”. Y que hechos de violencia como los enfrentamientos en Apatzingán y La Ruana fueron esclarecidos y con personas enfrentando proceso penal.
“Quienes digan que la situación es diferente, yo les pediría que nos den los números de averiguación previa o de denuncia para que puedan ser validados e investigados”, exhortó Castillo previo al posicionamiento de las bancadas del PRD, PAN y PT.
Los cuestionamientos durante la comparecencia fueron directos. “En Apatzingán afirman que no fue un enfrentamiento, sino que se trató de una masacre, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones por parte de policías cuando las personas ya se habían rendido y estaban desarmadas. No podemos permitir que ése sea el modus operandi del gobierno”, refutó el legislador blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval.
En tanto, la diputada del PT, a diputada Lilia Aguilar Gil, sacó a flote en su intervención las manifestaciones contrarias a la percepción del comisionado que se registraban en ese momento. “No sé si algunos de ustedes habrán notado que afuera de este recinto no solamente solicitan su destitución, sino que esta Cámara está afuera con manifestantes que hablan ya de asesinatos, robos, extorsiones en el estado y la solicitud de la pronta salida de Alfredo Castillo. Eso es lo que piden los michoacanos”.
En efecto, la mesa de trabajo continuaba cuando al exterior, Ana Valencia, esposa del doctor José Manuel Míreles, preso desde el 17 de junio de 2014, denunciaba a este diario la detención arbitraria y las violaciones a derechos humanos que padecía su cónyuge, así como los numerosos crímenes que ocultaba a la opinión pública el propio Castillo. Acusó que sumaban 383 autodefensas presos injustamente.
“Alfredo Castillo le está mintiendo a todo el mundo, y a quiénes vivimos en las escenas de los crímenes porque él no está diciendo la verdad; la verdad no es lo que él dice”, señaló luego de explicar que su esposo José Manuel Míreles fue detenido supuestamente por portar armas cuando “hoy en día se pelean y matan gente con puro calibre 50, entonces quiere decir que, ¿Él (Castillo) detiene a los que defienden al pueblo y le da libertad a los delincuentes?”, reviró.
En respuesta a un cuestionamiento similar hecho en la comparecencia por la legisladora petista, Alfredo Castillo aseveró que “no hay autodefensas encarcelados; lo que tenemos es gente que en su momento cometieron un delito, pero ninguno ha sido consignado por el simple hecho de autodenominarse o ser llamado autodefensa”.
“Que falta mucho por hacer, soy el primero en reconocerlo. De que pensar en la transformación total del estado de Michoacán, soy el primero en reconocerlo, pero así también como diría una frase los hechos son los hechos y la realidad de la percepción, los hechos están perfectamente claros y enmarcados de que hay avances significativos, sobre todo en tres puntos específicos: el debilitamiento de los Templarios, la transición pacífica de los grupos de autodefensa a las instituciones, y que la gente volvió a salir a las calles y que el tema de la extorsión dejó de existir”, concluyó el comisionado.
Y el crimen no frena
Ayer, las noticias sobre la inseguridad en Michoacán seguían mientras el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, comparecía ante diputados federales en San Lázaro. Un empresario minero fue asesinado, un regidor fue atacado en Apatzingán y la procuraduría estatal aseguró bienes a Los Caballeros Templarios.
Por la mañana el empresario minero Sergio Corona Barragán, de 40 años de edad, quien era originario de Apatzingán, fue asesinado en Lázaro Cárdenas por un sicario solitario, informó el diario La Voz de Michoacán. El ataque se dio en el centro de la ciudad cuando Corona bajaba de su camioneta, el homicida se acercó y le disparó.
En otro caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado busca a tres hombres que atacaron a martillazos al regidor de Apatzingán Isidro Villanueva. Debido a las heridas, tuvo que ser trasladado en una avioneta a Morelia para recibir atención médica. Se le atiende en un hospital particular.
Además, la procuraduría estatal informó que se aseguraron 23 vehículos y siete inmuebles en Apatzingán, así como se detuvieron a cinco personas; todo presuntamente vinculado al cártel de Los Caballeros Templarios. De acuerdo con la información, en algunas propiedades se encontraron mensajes de adoctrinamiento, típico de esta organización criminal.
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