El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versiones públicas de los peritajes de la investigación por la muerte de 22 personas en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

 

Esto en repuesta a un particular que solicitó esa información, la PGR señaló que se encontraba reservada por un periodo de 12 años.

 

Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos.

 

De acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse.

 

En alegatos, la PGR reiteró su respuesta inicial y agregó que la averiguación previa que contiene los peritajes objeto de la presente solicitud, fue iniciada por la probable comisión del delito de homicidio y no por delitos de lesa humanidad.

 

Asimismo, señaló que la Recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, no fue por violaciones graves a los derechos humanos.

 

Sin embargo, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, determinó que de las circunstancias que rodean el caso y de los elementos de los que se allegó el Instituto para su análisis, los actos ilícitos cometidos en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, deben darse a conocer al encontrarse relacionados con violaciones graves de derechos fundamentales.

 

Aunado a ello, destacó que la CNDH, mediante de un comunicado, emitido el 13 de enero pasado, dio a conocer que modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como investigación de “violaciones graves” a derechos humanos, con el fin de que las autoridades tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la Recomendación 51/2014.

 

No obstante, dijo, se deben proteger los datos personales contenidos en dichos documentos, por tratarse de información de carácter confidencial.