Banco Santander,  que funge como fiduciario del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal, presentó la demanda penal ante la PGR en contra de Ficrea por el fraude en agravio del órgano por 110 millones de pesos.

 

 

En la demanda del Tribunal capitalino también se incluye a los directivos de la Sociedad Financiera Popular , y toda persona que resulte responsable del desfalco ocasionado al TSJDF, que invirtió dicho dinero producto de los servicios que ofrece a la ciudadanía.

 

 

“La fiduciaria del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal (Banco Santander) presentó ayer (martes), ante la Procuraduría General de la República, la denuncia penal correspondiente en contra de Ficrea S. A. de SFP, sus directivos involucrados, y los que resulten responsables, en relación con la disposición que dicha institución hizo por 110 millones de pesos, en agravio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”, informó el órgano.

 

 

Por ello, la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XXI/17/15-01, y será el Ministerio Público Federal el que determine el tipo de conductas delictivas que se tipifiquen y proceda a solicitar las respectivos ordenamientos judiciales en contra de los probables responsables, informó el TSJDF.

 

 

Esta demanda se suma a la averiguación previa que inició la PGR por el quebranto millonario a los ahorradores de Ficrea, y por la cual giró una orden de aprehensión en contra del socio mayoritario, Rafael Antonio Olvera Amezcua, señalado como responsable de un presunto fraude por dos mil 700 millones de pesos, que fueron invertidos en negocios de bienes raíces.

 

 

Inclusive, la PGR solicitó la ficha roja de la Interpol para la búsqueda y localización con fines de detención en contra del prófugo de la justicia, que ahora es buscado en los 190 países donde tiene presencia la Policía Internacional.

 

 

Paralelamente a la denuncia penal, el Tribunal impulsará un juicio mercantil contra Ficrea, con lo que pretende recuperar el dinero proveniente del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.