La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó al grupo de expertos que dará asistencia técnica en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre pasado.

 

En un comunicado, la cancillería informó que la CIDH dio a conocer el nombre de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos.

 

Ello, conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito el 12 de noviembre de 2014 por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de Ayotzinapa.

 

En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones.

 

Con ello se tiene la finalidad de llevar a cabo una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.

 

Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por Francisco Cox, abogado originario de Chile y especialista en derecho constitucional; Claudia Paz yPaz abogada guatemalteca especializada en derecho penal y derechos humanos.

 

También la abogada colombiana Ángela Buitrago, quien es experta en derecho penal y ciencias criminológicas, además de Carlos Beristáin médico español y especialista en educación para la salud.

 

En el grupo también estará Alejandro Valencia Villa, abogado originario de Colombia, especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.

 

A la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo se encargará de la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.

 

También trabajará en el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

 

En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes.

 

Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada.

 

El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.

 

Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depositó un millón de dólares, que serán administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.

 

El Estado mexicano continuará trabajando con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014.

 

Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos.