SALTILLO.  El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila (TSJ), Gregorio Alberto Pérez Mata, negó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtiera de la irregularidad en que había incurrido Ficrea al aceptar una inversión de 90 millones de pesos del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia del Poder Judicial.

 

Además precisó que no están en riesgo las inversiones para el nuevo Sistema de Justicia Penal y que se interpondrán denuncias penales y mercantiles para recuperar los 90 millones de pesos; incluso dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado está informada del caso para deslindar responsabilidades de manera interna.

 

En comparecencia ante legisladores federales, Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV afirmó que los Tribunales de Justicia del DF y de Coahuila no debieron invertir en Ficrea, y que la advertencia se hizo antes de que se le revocara la licencia a esta empresa financiera, porque sólo tenía un seguro de depósito por 131 mil pesos.

 

Reveló que ambos Tribunales sus ahorros en Ficrea “ajenos a la ley”, pues están registrados como inversionistas.

 

“En la base de datos de depositantes de Ficrea, hoy no aparece ninguno de los que se han mencionado en esta mesa, se buscaron esquemas a través de los cuales irregularmente se llevaban a cabo los depósitos. De los que han señalado en la base de datos no aparece ni el tribunal del DF ni el tribunal de Coahuila como depositantes, lo hacen a través de otros esquemas que son ajenos a la ley y, por tanto, irregulares”, aseguró González Aguadé.

 

Ayer el presidente del TSJ de Coahuila dio lectura a un comunicado ante medios y dijo que la inversión se dio en términos de legislación aplicable y vigente, porque Ficrea mostró documentos que contaban con la autorización de la CNBV, que permitía contratar con entidades públicas.

 

“Circunstancia que de no ser verídica, implica la comisión de un delito por parte de esta sociedad financiera y que se denunciará a la brevedad posible ante las instancias competentes”, declaró Pérez Mata.

 

Además aclaró que nadie advirtió de las irregularidades en Ficrea.

 

“No se omite el hecho de que desde la contratación, ninguna autoridad financiera o de protección, supervisora del sistema financiero, manifestó, hizo pública o de nuestro conocimiento, el hecho de que la empresa financiera en cuestión careciera o se le hubiese revocado la autorización para operar con entidades públicas”.

 

Agregó que la Ley en la materia sí contempla que una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) pueda legalmente recibir depósitos de entidades gubernamentales con la autorización respectiva.

 

El Magistrado añadió que a la brevedad serán interpuestas demandas para la recuperación de los 90 millones de pesos, porque ni Ficrea, ni la CNBV advirtieron a tiempo de irregularidades.

 

Dijo que la ASE y un auditor externo tomaron conocimiento del Caso Ficrea y el TSJ de Coahuila, a fin de deslindar responsabilidades.

 

“Los recursos del Poder Judicial no se pueden considerar como perdidos, pues corresponde a las autoridades federales competentes recuperar la totalidad de los mismos”; dijo Pérez Mata, “actualmente hay un proceso de disolución y liquidación de los activos la sociedad financiera como empresas relacionadas con ella, que no ha sido concluido y que implica la recuperación del patrimonio y activos para solventar obligaciones de pago con los ahorradores”.

 

Al concluir su lectura sólo contestó algunas preguntas y se retiró; no precisó datos sobre los intereses generados por los 90 millones de pesos invertidos en Ficrea.

 

Dijo que rendirá su Informe ante el Congreso local y que el Consejo de la Judicatura autorizó la inversión.