A fin de facilitar el acceso para que la población indígena cuente con una correcta atención en los servicios de salud, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, propuso reformar el artículo 10 de la Ley General de Salud para incluir traductores de lenguas y dialectos dentro de los hospitales.
En la propuesta, el legislador argumentó que las personas nativas, al acudir en busca de atención médica o servicios hospitalarios, no pueden comunicar eficazmente sus malestares y, por tanto, es casi imposible poder culminar exitosamente la relación médico-paciente.
Destacó que la implantación de un grupo de traductores en los hospitales y los centros de salud del país es una tarea que requiere de solución pronta, de tal forma que los médicos presten sus servicios con plenitud y los pacientes reciban atención con inmediatez.
De acuerdo con la iniciativa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señala que las comunidades nativas en México representan aproximadamente 9.8% de la población, las cuales no tienen la atención clínica adecuada.
Por eso destaca crear programas para la capacitación de traductores, con el fin de facilitar la convivencia y la comunicación entre la población indígena que habita en el país y las autoridades de gobierno.
Destacó que el problema trastoca a la urbe indígena que carece de conocimientos del idioma español y que, además, suele ser discriminada por grandes sectores de la sociedad, impidiendo su desarrollo integral.
Coronato Rodríguez recordó que la población indígena mexicana posee grandes riquezas culturales e históricas. “Estos grupos representan los antepasados nacionales y las raíces que formaron la ideología del país; por tanto, el Estado está obligado a velar y proteger a las comunidades étnicas”, expresó.
Añadió que la Federación, estados y municipios están obligados a promover la igualdad de oportunidades de personas nativas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como establecer instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar sus derechos, tal como lo establece la Constitución.
MG