El despacho GDP Abogados & Consultores reiteró su voluntad para colaborar con las autoridades mexicanas en la investigación de los bienes que Leadman Trade España (LTE), involucrada en el caso Ficrea, los cuales ascienden a 17 millones 500 mil euros.
Luego de anunciar la semana pasada la custodia de recursos de LTE, el bufete ratifica su voluntad para colaborar en la investigación de los bienes que la firma involucrada compró en España con recursos financieros de Ficrea, la matriz mexicana intervenida por diversas irregularidades.
“Asimismo está en posibilidad de informar, que a partir de las actas en el Registro Mercantil de Madrid, que LTE decidió convertir en capital social de la empresa los envíos progresivos a partir de 2013 que suman 17 millones 500 mil euros”, expone en un comunicado.
Indica que desde que se fundó en 2013, el objeto social de LTE fue y ha sido la inversión inmobiliaria, por lo que los recursos de las transferencias se invirtieron en el sector y en inversiones productivas.
Asegura que su director, José Cruz García, no es consejero delegado de LTE, sino secretario del consejo de LTE, el cual está facultado por los socios y el presidente de la compañía para protocolizar ante notario e inscribir en el Registro Mercantil de Madrid los acuerdos de la empresa.
Según el reporte, Abogados & Consultores es un despacho creado en 2008 con el propósito de internacionalizar empresas entre México y España, para lo cual tiene oficinas en ambos países desde las que presta servicios de representación legal, fiscales, administrativos y de hospedaje corporativo.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dinámica de Ficrea consistía en utilizar su subsidiaria Leadman Trade para transferir recursos a los acreditados de la sociedad financiera popular (Sofipo), además de que el pago de las amortizaciones de los respectivos préstamos proviene a su vez de una cuenta de dicha empresa.
Por lo que a finales del año pasado, la CNBV intervino la sociedad financiera popular, debido a que triangulaba recursos a través de una de sus subsidiarias, lo que evitaba al organismo regulador mexicano saber el origen de los mismos.