La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre pasado a manos de policías municipales en Iguala es el punto de partida de una investigación que está por revelar un escenario más macabro: la operación sistemática de la fuerza policial para desaparecer indiscriminadamente a gente en la región.

 

Por lo menos un centenar de personas habrían sido secuestradas por policías municipales en de distintos municipios tan sólo en los últimos dos años, de acuerdo con una línea de investigación abierta de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Entre las víctimas no sólo hay estudiantes, sino hombres, mujeres y niños, incluso un sacerdote africano.

 

Autoridades ministeriales con conocimiento de las pesquisas indicaron a 24 HORAS que el plagio casi aleatorio de personas podría tener como móvil el cobro de rescate o extorsiones, pero también robos o violaciones donde luego se decidió asesinar a las víctimas.

 

 

En muchos de los casos los policías locales de Iguala y de otros municipios de la zona, actuaron coludidos con el crimen organizado.

 

El martes pasado la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) señaló que de octubre a enero de este año se localizaron junto con la PGR 32 cuerpos en fosas clandestinas, aunque a lo largo de todo el 2014 fueron descubiertos decenas de cuerpos más.

 

La complejidad para los fiscales es que no basta con la localización de los cadáveres sino que además se necesita la plena identificación de cada uno de ellos para que a partir de ahí se indague a fondo las circunstancias de su desaparición.

 

Pero el primer paso ya se dio. La PGR, a través de la SEIDO, logró acreditar ante un juez federal que por lo menos cinco agentes municipales de Iguala participaron en la desaparición forzada de 12 personas ya identificadas, encontradas en fosas clandestinas y que no tienen qué ver con los normalistas.

 

Es el punto de partida para múltiples órdenes de aprehensión por desaparición forzada que las autoridades solicitarán en las próximas semanas.

 

Víctimas

 

Boni Enrique Soto Antunez, de 23 años de edad, joven originario del municipio de Teloloapan, salió de su casa a principios de 2013 y no se supo más de él.

 

El sacerdote y misionero católico originario de Uganda, John Sseyondo, quien vivía en la localidad de Chilapa, fue secuestrado el 30 de abril del año pasado por un comando armado.

 

Una familia originaria de Valle de Chalco, Estado de México, compuesta por Luis Alfredo, de 21 años de edad; su padre Gildardo Lagunas, de 51 años, y sus primos Marlene Hernández, de 28, y José Luis Cruz, de 29 años, desapareció el 12 de agosto de 2014 en una de las carreteras que comunica a Teloloapan con Iguala.

 

Son casos de víctimas con perfiles distintos pero con un común denominador: fueron identificados entre las decenas de cadáveres encontrados en fosas clandestinas en Guerrero. En ellos se presume la participación de las fuerzas policiales locales en sus desapariciones.

 

Estado fallido: Martí

 

Para Alejandro Martí, presidente de la organización México S.O.S. la colusión o mezcla de las autoridades locales con el crimen organizado y con grupos subversivos y hasta guerrilleros que también se dedican al secuestro, traen como consecuencia una entidad en donde la gente únicamente está en total indefensión.

 

“Yo lo voy a decir muy claro: para mí Guerrero es un estado fallido donde prácticamente ya no se sabe quién es quién y donde la autoridad es todo menos eso”, sentenció.

 

Según indagatorias de la SEIDO, prácticamente todas las policías municipales de tierra caliente de Guerrero, y de otras partes del estado, están infiltradas por organizaciones criminales como Guerreros Unidos o Los Rojos. Es una complicidad surgida desde la época del cártel de los Beltrán Leyva.

 

¿Qué es la desaparición forzada?

 

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Art. 215 del CPF

Pena: hasta 40 años de prisión

 

Interrogan a El Cepillo sobre narcocorrupción en Guerrero

 

 

Felipe Rodríguez, alias El Cepillo o El Terco, identificado como el que estaba al frente de la célula criminal que supuestamente asesinó a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, declaró ayer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al menos durante 72 horas.

 

Autoridades federales indicaron a 24 HORAS que Rodríguez es interrogado no sólo por el caso de los normalistas sino en torno al nivel de corrupción y colaboración de las autoridades locales con el crimen organizado, que se presume data de varios años atrás.

 

Es por ello que la SEIDO decidió duplicar de 48 a 96 horas el plazo con el que contaba para definir la situación jurídica de Rodríguez, quien tenía una orden de aprehensión en su contra. Dicha facultad sólo procede en casos de delincuencia organizada.

 

El sospechoso fue capturado a finales de la semana pasada por elementos de la Policía federal que siguieron datos de inteligencia en las inmediaciones del Jiutepec, en el estado de Morelos, entidad en la que se sospecha se encuentran refugiados varios líderes del grupo criminal Guerreros Unidos.

 

Las autoridades consultadas dieron por hecho que el detenido será recluido en un penal de alta seguridad una vez que concluya su declaración.

 

Corrupción arraigada

 

De acuerdo con las indagatorias federales, El Cepillo era uno de los principales sicarios regionales del grupo delictivo Guerreros Unidos y estaba al frente de una célula delictiva que tenía nexos con fuerzas municipales de la región posiblemente desde 2010.

 

En la Procuraduría General de la República (PGR) se sospecha que estas células delictivas colaboraban con fuerzas municipales como la de Iguala o la de Cocula, no sólo para que se facilitara el tráfico de drogas, sino también para perpetrar otros delitos, principalmente secuestros y extorsiones.

 

Por declaraciones de otras personas detenidas, la PGR pudo establecer que Rodríguez, siguiendo instrucciones del aún prófugo Gildardo López Astudillo, alias El Gil, encabezó el homicidio de los estudiantes secuestrados por la policía el 26 de septiembre en Iguala.

 

De acuerdo con los testimonios revelados por la Procuraduría General de la República (PGR), fue Rodríguez quien supervisó que los cuerpos fueran quemados en un basurero en Cocula, que los huesos restantes fueran triturados y se arrojaran al cauce del río en bolsas de plástico.

 

Los que faltan

 

El próximo lunes se van a cumplir cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Hasta ahora las fuerzas federales han logrado detener a 97 personas directa o indirectamente relacionados con el caso, destacando la ex pareja presidencial de Iguala, José Luís Abarca y María de los Ángeles Pineda.

 

Aun con ello, y según fuentes federales, hay cerca de una decena de órdenes de aprehensión por cumplimentarse, entre ellas la del ex director de seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, así como el mencionado Gil.

 

Los delincuentes no son los únicos que faltan. Está pendiente la localización confirmada de los 42 normalistas desaparecidos, ya sea con vida o de sus restos. Solamente uno de ellos ha sido identificado por medio de una prueba de ADN realizada en Europa.