El presidente de la República y la secretaria de Desarrollo Social ordenaron a los encargados de repartir la billetiza de los programas sociales federales implementar un “blindaje electoral” de grueso calibre que dé certeza a la ciudadanía de que los recursos públicos de la Sedesol, sus órganos desconcentrados y sectorizados NO (así con mayúscula) serán utilizados con fines electorales rumbo a los comicios del próximo 7 de junio.
Los encargados de la implementación aclaran que a pesar de que la normatividad vigente no obliga a suspender la operación de los programas sociales durante los procesos electorales, se adelantará 45 días naturales antes de la jornada electoral la entrega de apoyos, por lo que la Sedesol no entregará beneficios de programas sociales en todo el territorio nacional a partir del 23 de abril y hasta el 7 de junio del presente año. Los programas de Liconsa, Diconsa, Estancias Infantiles y Comedores Comunitarios funcionarán de manera normal. ¡Qué bueno!, exclaman los beneficiarios.
La otra capa del blindaje contempla que NO se permitirá que los recursos económicos, materiales y humanos de la Sedesol, sus órganos desconcentrados y sectorizados, sean utilizados con fines electorales. Habrá CERO TOLERANCIA (también con mayúscula). Para ello se realizarán inspecciones con el objetivo de verificar que los recursos asignados a las diversas áreas de la Secretaría se utilicen para los fines institucionales. Durante la jornada electoral y en los días previos, se asistirá a cada una de las delegaciones de la dependencia para resguardar los recursos muebles e inmuebles. A las jornadas de resguardo se invitará a los consejeros de los organismos públicos electorales locales, así como a senadores, diputados federales y locales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación, para que sean testigos de la absoluta transparencia de estas acciones.
¡Vamos a ver si el calibre aguanta!
Y mientras se anunciaba el blindaje electoral de grueso calibre, el Comité Técnico del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), de conformidad con lo establecido en el Plan para el Desarrollo del Sur del País, aprobó la convocatoria para la asignación de mil 500 millones de pesos para municipios con alta y muy alta marginación en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria en la que se establecen los términos para que 508 municipios de dichos estados puedan acceder a los apoyos del fondo. Los beneficiados tendrán como plazo de entrega de las solicitudes el 15 de marzo del presente año. Todos los trámites y gestiones se deberán realizar de manera directa en la SHCP.
Se entiende que la billetiza se entregará después de las elecciones, pues si no qué chiste tendría el anuncio del blindaje electoral, pensaría cualquiera.
AGENDA PREVIA
Telmex-Dish preparan una contraofensiva luego de que el órgano regulador de las telecomunicaciones (IFT) confirmó en días pasados lo que ya era del dominio público: que están asociados, mucho más allá de la facturación y cobranza como inicialmente habían dicho, y que ambas empresas infringieron la ley. Por lo que se sabe, dichas compañías impugnarán la resolución e intentarán deslegitimar la investigación del IFT.
¿Y qué sigue? Hasta donde se sabe esta es una primera resolución del regulador, pero hay pendiente un segundo fallo relacionado directamente con las violaciones a la ley tanto en relación con los títulos de concesión de ambas empresas, como a la luz de la nueva ley de telecomunicaciones aprobada en 2013. ¿Aprovecharán Telmex y Dish la inminente coyuntura político-electoral, para cabildear en corto y llegar a un acuerdo en lo oscurito?