BUENOS AIRES. El Gobierno argentino pidió hoy “investigar hasta las últimas consecuencias” si hubo “presión o extorsión” para causar la muerte de Alberto Nisman, fiscal que fue hallado muerto en su domicilio de Buenos Aires de un disparo en la sien realizado con un arma que le había pedido prestada a un colega.
En una rueda de prensa, el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, pidió a los medios cuestionarse las circunstancias que rodean la muerte del fiscal que denunció a la presidenta Cristina Fernández por supuestamente encubrir a presuntos terroristas iraníes que causaron la muerte de 85 personas en el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.
“Es absolutamente imprescindible hacernos varias preguntas: por qué el sábado (el fiscal Nisman) pidió un arma. Si tenía presión, si tenía algún tipo de amenaza. Si las amenazas provenían de agentes de inteligencia actuales o desplazados o extranjeros. Por qué interrumpe un viaje”, dijo Capitanich.
“Si esto ha constituido una presión o extorsión, es necesario investigar hasta las últimas consecuencias. Es necesario identificar por qué lo hace”, agregó.
“Curiosa y sugestivamente cuando está por iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento, largamente esperado por familiares, surge este intento de convertir al gobierno que más ha hecho para el esclarecimiento del atentado en encubridor”, subrayó el jefe de Gabinete.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, insistió en la teoría gubernamental y subrayó que Nisman “volvió a Argentina porque lo hicieron volver por otras razones”.
“Me gustaría saber por qué tomó la decisión de quitarse la vida”, dijo Fernández.
Tras ocho años de investigaciones, Alberto Nisman denunció el pasado miércoles a Fernández por considerar que el memorándum de entendimiento aprobado en enero de 2013 con Irán incluía un presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA a cambio de las relaciones comerciales y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en Argentina.
La denuncia, basada en escuchas telefónicas, alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D’Elia y Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge “Yussuf” Khalil. DM