El Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la propaganda del Partido Verde Ecologista (PVEM) en salas de cine de las empresas Cinépolis y Cinemex de todo el país.
De acuerdo con la Unidad Técnica de lo Contencioso, desde el 31 de diciembre se dictaron medidas cautelares y el 6 de enero iniciaron un proceso ordinario sancionador por el incumplimiento del PVEM y la resistencia de las empresas de entretenimiento para retirar la publicidad.
El partido desatendió la sanción, por lo que ayer el INE ordenó el retiro inmediato de los promocionales en cine y de algunos anuncios en exteriores.
El órgano electoral informó que el procedimiento contra el PVEM continúa abierto y en los próximos días se definirá si el partido incurrió en faltas a la ley electoral.
Por 21 días, el Partido Verde prácticamente desafió al instituto electoral al no hacer caso a retirar los spots, y el asunto continuará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Antecedentes
Los llamados cineminutos habían sido ya discutidos en los órganos electorales, incluso, en diciembre pasado, el tribunal electoral determinó que eran ilegales y vulneraban la equidad de la contienda electoral.
De acuerdo con los magistrados, el PVEM se posicionó de manera ilegal de cara al proceso electoral 2015 a través de la difusión de promocionales de sus legisladores federales en todo el país.
Y la Sala Regional Especializada dio vista a las contralorías de las cámaras de Senadores y Diputados para que auditen los recursos públicos entregados a seis representantes populares del Verde Ecologista, el cual también recibió una amonestación pública.
Los magistrados de la Sala Especializada concluyeron que la campaña “Verde sí Cumple”, difundida en medios de comunicación nacionales, representa una estrategia, que con recursos públicos, busca posicionar al PVEM rumbo a las elecciones de 2015.
En particular, consideraron que los beneficiados fueron los diputados Enrique Aubry de Castro Palomino, Ana Lilia Garza Cadena y Rubén Acosta Montoya, así como de los senadores Carlos Alberto Puente Salas, María Elena Barrera Tapia y Pablo Escudero Morales.
A pesar de ello, el partido continuó con la promoción en salas de cine hasta ayer que el INE ordenó su suspensión inmediata.
Continúa polémica por fiscalización en línea
El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que existan motivaciones políticas para echar para atrás un contrato de 61 millones con la empresa Scylt, el cual crearía un sistema electrónico de fiscalización de partidos políticos.
De acuerdo con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, existen garantías de que el departamento de informática del instituto, con el apoyo de la UNAM, pondrá en marcha una aplicación electrónica para evitar la inclusión de recursos ilícitos en los comicios.
Durante la sesión de este miércoles, los representantes de los partidos políticos de oposición reclamaron al INE por la opacidad con que se ha manejado la asignación del contrato para crear el sistema de auditorías en tiempo real.
Al respecto, Córdova señaló que decidieron rescindir el contrato a Scylt porque incumplió una de las cláusulas que era entregar el módulo de contabilidad antes del 14 de diciembre y aclaró que el organismo electoral no ha gastado un solo peso en el proceso.
“No estamos pidiendo actos de fe, nadie lo ha pedido, eso es en las iglesias, no aquí, pero tampoco podemos tener actos de fe con una empresa que ha incumplido los términos de un contrato”, dijo ante el reclamo de los partidos y del corporativo español que aduce cuestiones políticas y pugnas internas para la cancelación del contrato.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama manifestó que “no será el incumplimiento de una empresa, así sea transnacional, lo que amilane al INE para cumplir con su rigor su tarea fiscalizadora”.
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