El representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, respaldó la medida propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto respecto a la desaparición de las autoridades municipales infiltradas por el crimen organizado.

 

Consideró que está determinación podría contribuir, de manera importante, a prevenir la expansión de las organizaciones criminales.

 

Durante su participación en el segundo día de audiencias públicas en materia de seguridad y de justicia organizadas en el Senado de la República, el funcionario de la ONU sostuvo que si bien la disolución de las autoridades municipales no puede ni tiene que ser considerada “la panacea” de los problemas que hoy en día se viven en México y en los municipios, es cierto que constituiría para el Estado, un paso importante en materia de justicia y seguridad.

 

Sin embargo, Luigi Mazzitelli advirtió que el nuevo mecanismo de control de las funciones municipales que propone el Ejecutivo federal, debe cumplir con ciertas condiciones para que no se convierta en una medida represiva.

 

En ese sentido señaló que lo más importante será sustentar las decisiones de disolución, comprobando con indicios concretos, unívocos y relevantes la existencia de colusión entre autoridades y el crimen organizado. Además, agregó, debe ser una medida temporal que fije de manera muy clara los términos de la intervención y el regreso de las autoridades electas a sus funciones.

 

“La medida acercaría a los municipios y sus problemas a los poderes estatal y a los poderes de la federación; protegería y respaldaría la autonomía de decisión de los municipios; y contribuiría de manera importante a prevenir la expansión del crimen organizado”, declaró.

 

De emergencia 

 

Por su parte, Giovanni Tartaglia Polcini, fiscal italiano, expuso a los senadores la experiencia que han tenido en su país al intervenir cabildos mediante una legislación denominada “De emergencia”, esquema en el que se basó la iniciativa del Ejecutivo federal.

 

Tartaglia Polcini afirmó que introducir una intervención por parte del gobierno central permitió el restablecimiento del orden democrático. “Después de una serie de ajustes se puede decir que el interior de nuestro país, una parte de la lucha en contra del crimen organizado se ganó, no sólo con este instrumento normativo sino con un sistema de normas y reglas, entre las cuales esta tiene un rol fundamental”, asentó.

 

A nombre del gobierno federal habló David Arellano Cuan, titulado de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, quien en su posicionamiento inicial aseguró que el 75 por ciento de los municipios en México son vulnerables ante una posible infiltración del crimen organizado, por lo que consideró necesaria la intervención de la Federación en los gobiernos locales.

 

“Tiene muchas formas la infiltración, la corrupción, la entrega de una suma, incluir a un funcionario, a un servidor público del municipio en la raya o en la paga de una organización criminal, incluso impulsar que el crimen organizado impulse a algún servidor público a ser candidato en el gobierno del municipio, tiene muchas modalidades y esta propuesta se activaría cuando sólo cuando una de esas modalidades, que son gravísimas, en el control del gobierno municipal, exista. No se trata de disolver el municipio, se trata de asumir funciones del municipio durante un tiempo determinado, con un fin determinado”, indicó.