El presidente Enrique Peña Nieto canceló el fallo de la licitación del tren rápido México-Querétaro, que había ganado la compañía china Railway Construction en consorcio con Grupo Higa, debido a señalamientos de “favoritismo político” y ante el riesgo de que diversos grupos de poder en el Senado de la República obstruyeran el proyecto.

 

De acuerdo con un documento de la Presidencia de la República, el mandatario tomó la decisión por sugerencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.

 

Según la versión pública de los hechos, contenida en la solicitud de información 0210000160114, el titular de la SCT advirtió al Ejecutivo federal que desde la Cámara alta había cuestionamientos sobre el proceso de licitación que adjudicó la megaobra al corporativo chino y Grupo Higa.

 

Según la Presidencia de la República, “el 12 de noviembre de 2014, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ofreció una amplia explicación respecto a los motivos para la cancelación del fallo de la licitación del pasado tres de noviembre”. La decisión se tomó apenas horas después de que la reunión con senadores.

 

Los detalles

 

 

El 3 de noviembre, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que tras el proceso de licitación, empresas chinas y mexicanas habían sido elegidas para la construcción del tren rápido México-Querétaro, un proyecto de 50 mil millones de pesos, el cual pretende transportar a 23 mil personas diarias en un tramo de 210 kilómetros.

 

El grupo ganador lo constituían las empresas extranjeras Railway Construction Corporation Limited, Railway Construction Corporation International Limited, Railway Construction Mexico y CSR Corporation Limited. Y las mexicanas Constructora Teya, Grupo GIA, Promotora y Desarrolladora Mexicana y GHP Infraestructura Mexicana.

 

La obra comenzaría en 2015, pero el 6 de noviembre, a unas horas de viajar a China y Australia, Enrique Peña Nieto anunció que la licitación quedaba sin efectos para darle “mayor transparencia” al proceso.

 

Según la Presidencia, Gerardo Ruiz Esparza propuso cancelar el fallo a raíz de una reunión que tuvo con senadores el 5 de noviembre. El encuentro con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta terminó alrededor de las 19:00 horas y a las 10:30 horas del día siguiente la licitación ya había sido cancelada.

 

En ese lapso, Ruiz Esparza explicó al Presidente que “en su participación en una reunión de trabajo extraordinaria en el Senado de la República, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes le manifestaron dudas, que desde el punto de vista de los legisladores desacreditaban el fallo por ‘supuestos favoritismos políticos’”.

 

El titular de la SCT, indica el documento, propuso echar abajo el proceso de licitación “para evitar acciones que pretenderían bloquear la construcción de ese gran proyecto”. La propuesta “la hizo con base en el artículo 40 de la Ley Vigente de Obra Pública, el cual permite cancelar un fallo cuando este pueda perjudicar a la Secretaria”.

 

Horas después de que recibió los cuestionamientos de senadores, según la información de Presidencia, Gerardo Ruiz propuso a Peña echar abajo la licitación porque “estimó que era el momento legal para cancelar el fallo con los menores riesgos y costos previsibles”.

 

El 9 de noviembre el mandatario nacional emprendió una gira internacional por China y Australia. Ese mismo día, mientras viajaba, salió a la luz el reportaje de que su esposa tenía una residencia, la llamada Casa Blanca, que fue vendida por una inmobiliaria propiedad de Juan Armando Hinojosa, principal accionista de las empresas constructoras que habían ganado la licitación del tren rápido.

 

La Presidencia explicó que la propiedad era en su totalidad de la Primera Dama, Angélica Rivera, y negó que existiera conflicto de interés.

 

Apenas el 13 de enero, la SCT emitió los nuevos lineamientos para participar en el proceso de licitación del tren rápido y el ganador de la obra -en la cual podrán de nuevo participar Grupo Higa y las empresas chinas- se dará a conocer el próximo 31 de julio.

 

 

SCT se blinda contra acusaciones

 

Ante los cuestionamientos en torno a la primera licitación del tren de alta velocidad México- Querétaro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y su titular, Gerardo Ruiz Esparza, utilizan los recursos a su alcance para asegurar que el nuevo procedimiento culmine en tiempo la construcción del que se considera uno de los proyectos de mayor relevancia en la presente administración.

 

Apenas el sábado, Ruiz Esparza confirmó en Morelos que la legalidad y transparencia del nuevo proceso estarán en manos de un auditor externo contratado por la Secretaría de la Función Pública.

 

Aclaró que en esta nueva etapa son las mismas empresas de origen francés, alemán, español, italiano y chino las interesadas.

 

Sobre la pasada licitación señaló que no tuvo problemas de transparencia, pues estuvo bajo un testimonio social que la certificó. “No creo que haya sucedido absolutamente nada; la transparencia en el a licitación pasada fue certificada por una empresa internacional quien fue la que dio el resolutivo final a favor de la empresa china”.

 

La víspera, la SCT dio a conocer que a fin de lograr la mayor transparencia y competencia posibles en el proyecto solicitó la opinión de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

 

Como parte de la consulta pública iniciada el pasado 14 de enero sobre las prebases de la convocatoria para licitar el proyecto, la SCT pidió a la Comisión sus propuestas y sugerencias.

 

Tras la consulta, la SCT informó que 21 de 23 sugerencias serán incorporadas a las bases de licitación, las cuales incluyen precisiones que aclaran el texto del documento.

 

“A fin de lograr la mayor transparencia y competencia posibles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuará tomando en cuenta las recomendaciones de la Cofece, así como las de todos los interesados en este proceso”, añadió.