Minutos antes de morir en el basurero de Cocula, tres estudiantes normalistas fueron interrogados por sicarios de Guerreros Unidos sobre la supuesta infiltración del grupo criminal de Los Rojos en su movimiento. Tras autoinculparse arrodillados, ellos y todos los demás estudiantes que seguían con vida fueron asesinados.
Así lo reveló ayer la Procuraduría General de la República (PGR) al dar a conocer la conclusión de su investigación de cuatro meses de este caso, la cual apunta, como 24 HORAS adelantó en su edición del lunes, que los 43 estudiantes secuestrados la noche del 26 de septiembre en Iguala fueron asesinados e incinerados.
El móvil, informó ayer el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fue la supuesta confusión de los delincuentes que creyeron, o al menos eso fue lo que declararon, que los estudiantes secuestrados por policías de Iguala y Cocula eran de la banda rival. Por ello decidieron matarlos a todos.
“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos”, sentenció ayer Murillo Karam.
El interrogatorio
La PGR mostró ayer un video de 26 minutos de duración con la reconstrucción del caso y de los trabajos de investigación realizados. En el mismo se reveló que los sicarios arrodillaron e interrogaron a tres estudiantes antes de matarlos.
El primero fue Jorge Luis González Parral, conocido como El Flaquito, quien según los delincuentes “confesó” que los normalistas eran liderados por Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco y por Miguel Ángel Hernández Martínez, El Patilludo, a quien señaló como infiltrado.
Hernández, por su parte, dijo a los sicarios que “el mentado Cochiloco y el director (de la Normal de Ayotzinapa) hacían las marchas y a través de las marchas se metían los contras” o sea, los del grupo criminal Los Rojos.
Luego de esas declaraciones El Flaquito, El Cochiloco y El Patilludo fueron ejecutados y se procedió igual con el resto de los normalistas. Murillo Karam dejó en claro que la PGR no cuenta con un sólo dato que corrobore que alguno de los estudiantes era un delincuente. “Para mí la mayoría son víctimas, jóvenes que querían ser maestros”, dijo.
Desaparición forzada pendiente
Murillo Karam reconoció que aún no presentan el cargo de desaparición forzada, pero prometió que lo harán en breve en contra del alcalde José Luis Abarca y de varios policías involucrados. La legislación mexicana, pese a las recomendaciones de la ONU y otras instancias, no permite acusar de este delito a civiles, sólo funcionarios.
“Nos hemos tardado (en imputar este delito) porque es precisamente un delito que si yo no recuerdo mal es la primera o la segunda vez que se va a utilizar, en consecuencia, estamos siendo muy cuidadosos de cómo lo integramos para no fallar”, dijo Murillo.
El procurador insistió en que aun con esto pendiente hay acusaciones de secuestro ya fincadas en contra de autores intelectuales y materiales y que se pedirá la pena máxima de 140 años de prisión en contra de los involucrados, aprovechando la agravante de que las víctimas fueron asesinadas.
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